El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) es la entidad oficial que controla la vialidad en el país y dentro de su competencia tiene a cargo el mantenimiento de la red vial estatal de 9.800 kilómetros de longitud. De esta cantidad, cerca de 1.300 km están administrados bajo la figura de concesión a empresas privadas y gobiernos seccionales provinciales (prefecturas).

La carretera Guayaquil-Salinas mide aproximadamente 132 km y desde hace muchos años se encuentra en manos del MTOP a través de la Dirección Provincial del Guayas, incluidos el tramo Chongón-Santa Elena y el subtramo Progreso-General Villamil (Playas), cobrando por una ruta la tasa de peaje de USD 0,25, cantidad insuficiente para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de la vía. El constante uso de la carretera, sumado a las torrenciales lluvias en esta estación invernal y al escaso cuidado han contribuido para que se encuentre en malas condiciones, poniendo en peligro la vida de los usuarios. Baches y curvas riesgosas son evidentes.

Bajo estas circunstancias, en abril del año pasado, la compañía Verdu S.A. presentó al MTOP un “Anteproyecto de alianza público-privada para la puesta a punto, mantenimiento periódico y rutinario, explotación y operación del sistema vial Chongón-Santa Elena, incluyendo el tramo Chongón-Playas, de 27 km. Longitud total: 132 km de la red vial”, cuya inversión alcanzaría los USD 234,3 millones. Al finalizar la concesión en el décimo año, las instalaciones pasarían a manos del Estado. Incluye la instalación de dos casetas adicionales (Buenos Aires y Playas), con costo estimado de peaje por una ruta USD 1,5 para vehículo liviano.

La reacción del ingeniero Patricio Cisneros, prefecto de Santa Elena, fue inmediata. Estuvo en total desacuerdo por la cantidad estimada del referido peaje, porque afectaría directamente al bolsillo de los peninsulares y porque la cifra de USD 234,3 millones le parecía exagerada, puesto que la inversión mayor que es la construcción de la vía fue ejecutada por el Gobierno Nacional hace diez años aproximadamente. Acudió a los medios de comunicación locales y nacionales para explicar su posición al respecto y con argumentos válidos refutó las condiciones establecidas entre la empresa privada y el MTOP. Cisneros pidió la socialización del proyecto porque los peninsulares ignoran su contenido, solo saben lo que el prefecto ha mencionado tomando como base el estudio aprobado por el MTOP y los pliegos de base del concurso. La ciudadanía apoya al funcionario porque es su obligación defender los intereses de sus conciudadanos; mientras tanto, los alcaldes locales no han opinado al respecto.

Concuerdo con la decisión adoptada por Cisneros. Estamos conscientes de que con la tarifa actual del peaje (USD 0,25) no cubre para mantener en óptimas condiciones la vía, pero desembolsar USD 6 de ida y vuelta como tarifa base para la oferta es exagerada. Recordemos que hace muchos años el anterior prefecto del Guayas pretendió instalar una caseta con el mismo fin, pero fue derribada por los habitantes de Villingota como muestra de rechazo.

El cronograma inicial determinaba que el contrato debía suscribirse la segunda semana de mayo del 2017, pero luego se modificó para que sea firmado entre el 7 y 13 de junio, es decir, le correspondería al próximo Gobierno. Se espera que el nuevo ministro de Obras Públicas socialice el proyecto y luego adjudique a la empresa que presente una oferta conveniente a los intereses de los hermanos peninsulares.

Anhelamos contar con una carretera expedita con todos los servicios adicionales (ambulancias, grúas, asistencia de paramédicos, etc.), ya bastante castigo soportamos al pagar el pasaje más caro del país. (O)