Uno de los aspectos menos discutidos en la campaña electoral ha sido el relativo a la crisis y viabilidad futura del IESS. Desde hace mucho tiempo, el IESS, entidad propiedad de los trabajadores, ha sido conducido sin estrategias y políticas de sostenibilidad apropiadas. De ahí la preocupación de afiliados y jubilados, que advierten mayores riesgos sobre la vigencia del sistema en el tiempo, de no adoptarse las acciones pertinentes.

Confiado por lo general a no especialistas, los resultados de la gestión del IESS están a la vista: hay insuficiencia de recursos para atender las prestaciones de salud y jubilación; sus inversiones no son las más rentables y convenientes, necesariamente; la dependencia del Gobierno central dificulta la aplicación de planes autónomos de desarrollo para el mediano y largo plazos (en lo financiero y administrativo); la eliminación –condicionada– del aporte estatal del 40%, restringe el financiamiento del fondo respectivo, sobre todo cuando la economía enfrenta serios desajustes, como es el caso; la duda que existe sobre la real posibilidad de pago de la deuda del Gobierno, de alrededor de 10.000 millones de dólares; la posible asimilación de los regímenes especiales al de la seguridad social general; en fin, una vez más, la falta de un financiamiento que cubra el acceso a las prestaciones del IESS de familiares de los afiliados (un asunto que, en sentido estricto, debería asumir el sector público), entre otros.

La proposición de correctivos depende siempre de estudios actuariales serios, pues –guste o no– atender la protección social general supone un flujo adecuado de recursos, estrategias de ahorro institucional y no de “repartición por la repartición” (no es ese el concepto de seguridad social), lo que a su vez se vincula estrechamente al desempeño macroeconómico (en la coyuntura, será muy difícil –vista una serie de factores limitantes– retomar el sendero del crecimiento económico; pagar la deuda pública externa e interna; favorecer nuevas inversiones públicas y estimular las privadas; generar empleos estables, ingresos y demanda; incentivar una inserción internacional competitiva, entre otros aspectos, lo que afecta la relación Estado-seguridad social).

La definición de políticas redistributivas debe enfrentarse con seriedad, sin demagogia: la economía de mercado no genera necesariamente una estructura de repartición óptima. De ahí la necesidad de aplicar políticas sociales justas –una de estas es la de seguridad social–, definidas siempre, en paralelo, desde la perspectiva de su eficiencia y durabilidad en el tiempo. Este objetivo equivale a buscar un equilibrio que solo puede alcanzarse sin prejuicios ideológicos. Hay, pues, que dejar de lado las políticas de impacto electoral y privilegiar más bien el análisis de alternativas que tengan capacidad real para lograr los resultados esenciales.

Lo grave es que todos los problemas en esta materia tienen antecedentes lejanos: en un estudio de Ceplaes (Ceplaes, Ecuador: Análisis de Coyuntura 12, Un Programa Económico en espera, Quito, 1996), se decía, al respecto: “La dilatoria al proceso de reforma del Sistema de Seguridad Social del país implica un incremento de su déficit... que es una deuda con los trabajadores (generaciones) que financian … con sus aportes el pago de las pensiones de los actuales jubilados y de los activos cotizantes que esperan contar en el futuro con los recursos necesarios para financiar su retiro del mercado del trabajo”. Proseguía: “El IESS carece de recursos y, por tanto, no dispone de capacidad de ahorro de los aportes de los afiliados... El Estado es uno de los causantes de la crisis: ha incumplido con el pago de sus contribuciones y tampoco ha honrado la obligación de financiar el 40% del monto pensional vigente… el IESS “ha sido incapaz de crear el ambiente de seguridad, defensa e independencia del Estado… Hoy, la profundidad de la crisis ha obligado a presionar la recuperación de pasivos, al menos de las deudas reconocidas por el Estado”. ¡Lo de siempre!

No se han asumido en estos años las responsabilidades con transparencia y criterio técnico. Lo estamos experimentando. Lo cierto es que es urgente abordar la definición de correctivos, ojalá definitivos, que permitan enrumbar la gestión del IESS, entidad clave para un adecuado sistema de protección social.

El estudio de Ceplaes citado recordaba que el sistema “se inició como un sistema de prima media con capitalización colectiva de los aportes; visto por el agotamiento de sus reservas actuariales –y, dado el costo de reconstituirlas– adoptó un esquema basado en el reparto ”. Bajo este esquema previsional, decía, los principios redistributivos y los ejercicios solidarios se dificultan y se corre el riesgo de perder transparencia ante el cambio demográfico, que puede reducir el número de afiliados jóvenes y aumentar el de los jubilados, lo que genera transferencias inequitativas, por varias razones, entre otras, por la propia sensibilidad de los ciclos, lo que desvirtúa finalmente el carácter y el logro de las prestaciones ofrecidas en un marco de equidad (financiada, claro).

Hasta ahora no se conocen con exactitud los requerimientos financieros del sistema IESS para favorecer a las generaciones venideras y tampoco sus propias exigencias de ahorro futuro. Claramente el sistema de reparto de lo disponible sigue vigente y no se ha definido aún un modelo de gestión apropiado y eficiente, “seguro”, en la medida de lo posible.

Ceplaes analizaba en ese trabajo tres opciones de reforma, basadas en un informe oficial de la época: i) mantener el statu quo; ii) favorecer el establecimiento de seguros paralelos; y, iii) una alternativa mixta. La primera, no es viable; la segunda, podría generar problemas de competitividad entre lo público y lo privado, problemas de equidad y capitalización, lo que precipitaría problemas sociales; la tercera, debería operar posiblemente bajo mecanismos de gestión solidaria –siempre bajo administración estatal– y cuentas de capitalización individual, junto a un esquema de promoción del ahorro individual voluntario y el perfeccionamiento de los esquemas de supervisión.

Es muy difícil ofrecer respuestas definitivas, al menos sin datos actualizados ni balances definitivos. No se han asumido en estos años las responsabilidades con transparencia y criterio técnico. Lo estamos experimentando. Lo cierto es que es urgente abordar la definición de correctivos, ojalá definitivos, que permitan enrumbar la gestión del IESS, entidad clave para un adecuado sistema de protección social. Ojalá también se acepte que la correcta gestión macroeconómica es una condición esencial del cambio en todos los órdenes. Ojalá… ¿Una nueva Ley de Seguridad Social? (O)