La Constitución y leyes militares establecen que el presidente de la República tiene la potestad de nombrar a los mandos militares (jefe del Comando Conjunto y comandantes de Fuerzas). En esta decisión no debe haber espacio para los compadrazgos, amiguismos, simpatías o antipatías, peor venganzas; ni pensar en afinidades a los planes políticos del gobierno de turno.

El jefe de Estado, autoridad máxima de las Fuerzas Armadas, tiene la obligación de mantener la capacidad operativa militar, respetar los mandos, y utilizarlas estrictamente en las misiones claramente establecidas en la Constitución y, sobre todo, mantenerlas totalmente alejadas del quehacer político.

En febrero de 2016 se inició el descalabro militar con la remoción del jefe del Comando Conjunto (Comaco) y los tres comandantes de Fuerzas por expresar públicamente la defensa del patrimonio de la seguridad social militar, su inconformidad con la orden arbitraria del presidente Correa de debitar 41 millones de dólares del Issfa por un supuesto sobreprecio en la venta de los terrenos de los Samanes; por ese “atrevimiento”, ipso facto fueron relevados.

En marzo de 2016, el comandante de la Marina fue relevado de sus funciones por pedir al presidente que rectifique sus declaraciones sobre los liceos navales.

En diciembre de 2016, el jefe del Comaco fue relevado al igual que el comandante de la Marina. Correa nombró al nuevo comandante, al tercero de la terna, mediante un artificio aparentemente legal prescindió de él y nombró a otro oficial como comandante de la Marina.

¿Cómo se puede administrar bien una institución tan compleja como la militar si no hay estabilidad en sus mandos?

El relevo del general Luis Castro refleja el manejo discrecional de la Ley por parte del Gobierno, sin medir el daño que se hace a la institución militar y que atenta contra la seguridad nacional, dejando serias sospechas sobre la transparencia del proceso electoral, considerando que estamos ad portas de la definición en las urnas de quien será el futuro presidente y a tres escasos meses para que el presidente deje el poder después de diez tortuosos años de una democracia anoréxica.

El general Édison Narváez, nuevo comandante del Ejército, fue nombrado utilizando el mismo artificio señalado para el nombramiento del comandante de la Marina; Narváez debe demostrar su lealtad a los más caros intereses del país, considerando que la Fuerza Militar se debe al Estado, a su pueblo y no a ningún proyecto político.

Hoy más que nunca el Ecuador necesita de unas Fuerzas Armadas democráticas, profesionales y estrictamente jerarquizadas. La Constitución actual otorgó a las Fuerzas Armadas mayores responsabilidades, el art. 158 señala: “Que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y sus mandos tienen la obligación de proteger el derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, la libertad del sufragio y de garantizar que los resultados de las elecciones sean totalmente transparentes y que harán respetar la voluntad soberana del pueblo. (O)