El fraude tiene padres y padrastros, diseñadores, ejecutores, subalternos acomodaticios; todo fraude es una maliciosa y malévola acción de quienes intentan retorcer argumentos, desfigurar realidades, camuflar acciones y destruir, inteligente o torpemente, la voluntad de quienes defienden tesis contrarias que no convienen a sus intereses.

Todo fraude, en su concepción y diseño, requiere de una mente brillante capaz de torcer leyes e inventar interpretaciones. Los artífices de fraudes históricos en el mundo, algunos ocultos en las páginas de la historia y otros descubiertos, contaron con la complicidad de mentes privilegiadas y de amos implacables, dueños de voluntades y caprichos, porque un fraude nace para conseguir un objetivo certero, razón de ser de su existencia.

Luego de estas premisas conceptuales, elaboradas en las orillas opuestas del imperio del fraude, busco delinear argumentos que demuestren que el sistema electoral ecuatoriano es fraudulento desde su concepción.

-El CNE (Consejo Nacional Electoral) fue creado para que regule los procesos electorales a fin de que los ciudadanos, habilitados para ejercer su voto, puedan elegir libremente a las personas más idóneas para ejercer determinadas funciones.

-Nuestro país tiene partidos y movimientos políticos que por tradición participan en los procesos electorales. Es obvio que no deba presidir un proceso electoral un funcionario elegido por quienes pertenecen a la Función Ejecutiva que es, a su vez, parte de un movimiento político. No cabe ser jueces y parte.

-Un proceso electoral se agrava cuando todas las funciones del Estado tienen un solo señor y amo que determina qué debe hacerse, cómo y cuándo. En nuestro reciente caso, en Ecuador, fue necesario que el jefe de Estado diga que habrá segunda vuelta para que el presidente del CNE declare oficialmente una verdad retenida artificialmente por oscuros motivos.

-Un proceso electoral debe partir de premisas claras y precisas: establecer reglamentos que ayuden a precautelar el espíritu de la Constitución; reconocer la validez de opciones políticas que optan por someterse a la opinión ciudadana; valorar superlativamente la bondad de un proceso electoral y proveerle, por lo tanto, de todas las medidas cautelares para que cumpla con su cometido; finalmente, guardar respeto y reverencia a la voluntad popular que se exprese en las urnas y velar para que esa voluntad no sea distorsionada o manchada por maniobras fraudulentas.

-La dirigencia política del país, a través de sus delegados, debe garantizar la pulcritud de un proceso electoral.

-Es intolerable y no puede volver a suceder que durante la campaña política los medios afines al Gobierno difundan profusamente conquistas, verdaderas o falsas, y que se destinen las sabatinas para denigrar a quienes no están de acuerdo con la ideología del régimen.

Para que lo señalado hasta aquí pueda ser realidad es indispensable repensar el esquema axiológico constitucional, de suerte que facilite el ejercicio de la democracia e impida que una persona, bien o malintencionada, pueda adueñarse de la vida y destino de un país, manejando desde el poder omnímodo un cúmulo de conveniencias al margen de tradiciones democráticas.

“Toda gran causa comienza como un movimiento, se convierte en un negocio y termina siendo un fraude”, Cristofer McDougall. (O)