Los retrasos en la información de los resultados electorales y los múltiples planteamientos de posible fraude que han hecho partidarios de ambas candidaturas han puesto en entredicho la credibilidad del Consejo Nacional Electoral.

Eso es nefasto para la vida democrática del país. El Consejo Nacional Electoral y sus autoridades son, deben ser, la garantía necesaria y suficiente de que se respetarán los resultados del sufragio, sin mirar a quien favorecen o a quien perjudican, de tal manera que no haya ni una sombra de sospecha.

En las elecciones recientes, si no denuncias formales, han aparecido supuestos indicios de algunos procedimientos irregulares que deben ser investigados, aclarados y explicados a la ciudadanía, y los ecuatorianos que han dado a conocer esos indicios tienen la obligación de colaborar con la autoridad para que esto ocurra. Son obligaciones éticas que ayudarán a que el Consejo Nacional Electoral pueda cumplir su función de “manera transparente y eficaz”, como lo manda el Código de la Democracia.

Debemos llegar a la próxima elección sin sombras, sin dudas y con el convencimiento de que la voluntad ciudadana será respetada. Para lograrlo hace falta la máxima transparencia y la vigilancia cívica de los ecuatorianos. (O)