La democracia ha sido consagrada en nuestro país por la voluntad popular, como el sistema de gobierno que rige en la República desde sus inicios, entendida como la total y libre participación del pueblo en la toma de sus propias decisiones; es decir, en manifiesta expresión de sus derechos. Desde los albores de nuestra historia republicana las Fuerzas Armadas, pese a su incipiente organización, se constituyeron en el soporte más importante del proceso de consolidación de la República. Me permito transcribir un segmento del libro Ecuador del Siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio del historiador Enrique Ayala Mora, en el subcapítulo “El Ejército nacional”, señala: “Al concluir su periodo presidencial en 1839, Vicente Rocafuerte decía ante el Congreso: ‘El Ejército es en el día el más firme apoyo de las garantías sociales’. En su mensaje de 1841, el general Juan José Flores se refería al Ejército como ‘escudo de la independencia y libertad’. Unos años más tarde (1854), el ministro de Guerra declaraba: ‘El Ejército representa la fuerza de la Nación’. Y solo dos años después otro ministro informaba al Congreso que el Ejército ‘ha cumplido con la grandiosa misión de sostener la libertad, independencia y nacionalidad de la Patria’. Y el presidente Urbina (1854) lo describía como ‘esa porción de patricios que se privan de la dulzura y consuelo del hogar doméstico y se someten al yugo de las armas, para velar en la conservación de la paz, para sostener las libertades públicas, para garantizar el derecho a la vida y las propiedades de sus compatriotas’”.

Tampoco las Fuerzas Armadas deben convertirse en instrumento de aventureros que “en las crisis de la política interna suelen buscar el apoyo de los militares con la vista puesta exclusivamente en sus intereses”.

Si bien es cierto, en la Constitución actual se consagra el voto facultativo para los militares en servicio activo, les está prohibido hacer política de banderías, intervenir en la acción proselitista dentro y fuera de los cuarteles. Tampoco las Fuerzas Armadas deben convertirse en instrumento de aventureros que “en las crisis de la política interna suelen buscar el apoyo de los militares con la vista puesta exclusivamente en sus intereses”. Por lo tanto, los militares deben situarse por encima de estos conflictos partidistas y evitar, por todos los medios, que la institución se politice, conduciéndola a una acción disociadora y peligrosa para el cumplimiento de su sagrada misión.

Cabe señalar que el marginamiento obligado de la militancia política por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas no debe interpretarse en el sentido de que el militar permanezca ajeno a la situación económica-social del pueblo. El militar no puede ignorar la situación política de su patria, el eventual peligro de ciertas doctrinas que se quieran implantar y que atenten contra el mantenimiento de la estabilidad democrática, la paz social, las libertades y las tradiciones históricas del país. El militar tiene el derecho y la obligación de estar permanentemente atento a lo que suceda en su patria, máxime que la Constitución dispone que las Fuerzas Armadas son una institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. (O)