Durante la actual campaña electoral, un candidato ha manifestado textualmente: “Vamos a romper las cadenas de corrupción en el comercio del petróleo”. Ha sido una de las pocas expresiones concretas sobre el manejo del comercio exterior del crudo que hemos escuchado por parte de los presidenciables, tema que ha sido cuestionado por parte de la mayoría de los ecuatorianos por el tinte de aparente corrupción con que ha operado la estatal petrolera. Las futuras autoridades gubernamentales tendrán un arduo trabajo porque existen muchos contratos efectuados de manera directa, sin concurso. Lo expreso porque al revisar mis archivos, poseo copia de una carta fechada el 19 de agosto de 2008 enviada por el exgerente de Petroecuador de esa época al presidente Correa, en la que le hace conocer una serie de anomalías al respecto y que nunca fueron tomadas en cuenta ni corregidas; esto será análisis de una próxima entrega para los amigos lectores.

Es que contratar directamente, sin licitación, conlleva errores al determinar apropiadamente los diferenciales, premios, castigos o cualquier elemento ligado a la determinación del precio final del barril de crudo en detrimento de los intereses nacionales. Será una labor compleja de los próximos funcionarios petroleros y muy delicada para los actuales de Petroecuador EP explicar satisfactoriamente e indicar la forma de negociaciones y autorizaciones al respecto que justifiquen las decisiones tomadas, porque equivocarse en centavos de dólar por cada barril negociado significa millones de dólares no ingresados a la caja fiscal. Tendrán que explicar al país cómo empresas estatales como Ancap, PDVSA y otras tantas prestaron sus nombres para que compañías multinacionales realicen jugosos negocios. También deberán explicar por qué se negociaban contratos con empresas privadas, pero finalmente se firmaba con empresas estatales, evadiendo reglamentos establecidos que prohíben expresamente la cesión de derechos, que es lo que se está haciendo con este tipo de contratos.

En mi nota publicada el mes pasado sobre la empresa estatal OTI y su contrato de fuel oil, los funcionarios de Petroecuador no han probado que detrás de esta negociación no participó una empresa privada; que el mismo representante en Ecuador coincidentemente representa a ambas empresas; que la misma oficina es utilizada conjuntamente; que el fuel oil que comercializa en Centroamérica la empresa Vitol no es ecuatoriano; que este producto va directamente, sin escalas, al lejano Omán, que con todo el crudo que poseen “necesitan” de este, incurriendo en ingentes gastos para colocarlo en el destino final. Y cuando me refiero a este tipo de contrato, no lo hago en el aspecto comercial sino en el financiero, porque se han recibido miles de millones de dólares por concepto de prepago, como el caso de Petrochina.

Los ecuatorianos ignoramos cuánto se ha pagado; qué tipo de interés se ha reconocido y no solo a las tasas de interés nominal –que constan en los contratos– sino la tasa de interés real, es decir, tomando en cuenta el sobreprecio (en caso de existir) y otros costos camuflados en los términos del convenio (en caso de existir); también ignoramos por cuántos años se comprometió el crudo ecuatoriano; cuantos gobiernos no podrán hacer uso de estas “facilidades”, etcétera.

En fin, determinar qué contratos fueron o no apropiados o convenientes para el país será una tarea complicada para el nuevo gobierno, pero de obligatoria ejecución. Queremos saber, cueste lo que cueste, qué hicieron con nuestro crudo y derivados los funcionarios petroleros de esta supuesta Revolución Ciudadana. Nada más. ¿Será mucho pedir?