La promesa se ha extinguido; los discursos, olvidados; las prioridades, cambiado. Lo que para el Gobierno bolivariano en 1998 (y hasta no hace mucho) fue su razón de ser, hoy lo denomina un “capricho de la derecha”.

El chavismo llegó al poder en Venezuela hace 18 años prometiendo solucionar los principales problemas del país, pero no de cualquier manera. La receta chavista para la superación de la pobreza, para construir un poder judicial que asegurara el Estado de Derecho y respondiera verdaderamente a la justicia; para sanear el Estado de la corrupción y lograr la democracia “verdadera”, contaba con un ingrediente mágico: la participación del pueblo.

Por eso, recién llegado al poder no escatimó en buscar mecanismos y fórmulas para hacer posible, viable, la idea participativa. Primero a través de mecanismos que ampliaron la democracia representativa y sus elecciones, incorporando fórmulas de democracia directa a través de referendos y consultas populares. Así, durante el año 1999 se realizó un referendo consultivo, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y el referendo que aprobó la nueva Constitución.

También quedaron plasmadas las herramientas de la democracia directa en la propia Constitución, a las que se sumaron los mecanismos de democracia participativa mediante asambleas de ciudadanos, que pronto derivaron en consejos de planificación municipales y estatales, y más tarde en los consejos comunales (comunitarios).

Pero conforme el tiempo pasó, la idea de la participación amplia y plural prometida se fue restringiendo hasta cerrar las puertas a todo aquel que no gritara las consignas coloradas, hasta consolidarse en las excluyentes comunas.

Lo mismo sucedió con las elecciones. Durante años el Gobierno bolivariano se ufanó de ganar múltiples procesos electorales: presidenciales, gobernadores y alcaldes; referendos, consultas populares. 19 elecciones en 16 años. 2 derrotas y 17 victorias. Hasta la llegada del 2016. El peor año en la historia de Venezuela. Por ahora.

Recientemente, el jefe de la fracción parlamentaria, diputado Héctor Rodríguez, afirmó, en un acto de contorsionismo argumentativo, que las elecciones no son una prioridad para el Gobierno, pues la prioridad son los problemas de la gente. Los burros detrás de la carreta.

El circo continúa con los malabaristas. El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, considera que la oposición utiliza el derecho al voto para desprestigiar al Gobierno (como si necesitara ayuda en eso). Por lo que exigir que se cumpla la Constitución convocando a elecciones para seleccionar a los gobernadores es un acto subversivo. Y pronto habrá presos por cometer este delito.

Pero por el momento, lo cierto es que nada se elige en Venezuela desde el 6 de diciembre de 2015. El referendo fue abortado en octubre del 2016. Los gobernadores finalizaron su periodo constitucional en diciembre del 2016, por lo que hoy gobiernan en estado de vencimiento. Incluso las elecciones de los voceros comunitarios en las comunas y consejos comunales fueron suspendidas desde julio del año pasado hasta abril del 2017, bajo una excusa burocrática.

El vocabulario (e ideario) del Gobierno bolivariano ha sufrido grandes mutaciones durante su largo periodo en el poder, pero ninguno ha sido tan importante como este. Democracia participativa, protagonismo del pueblo, elecciones, referendo, consulta popular son conceptos que desaparecieron de las bocas rojas. El remedio es ahora enfermedad y el pueblo, un instrumento que la revolución decidió desechar. (O)

 

Durante años el Gobierno se ufanó de ganar múltiples procesos electorales: presidenciales, gobernadores y alcaldes, referendos, consultas populares. 19 elecciones en 16 años. 2 derrotas y 17 victorias. Hasta la llegada del 2016. El peor año en la historia de Venezuela. Por ahora.