El embajador de Estados Unidos en nuestro país confirmó que los funcionarios del actual Gobierno recibieron coimas a cambio de beneficiar a la compañía Odebrecht con contratos públicos. Decimos confirmó, pues este hecho ya consta en el escrito que el Departamento de Justicia de esa nación presentó a un tribunal. Contrario a lo que el Gobierno insinúa, las delaciones que han hecho los ejecutivos de Odebrecht son el resultado de una exhaustiva verificación por parte de los investigadores federales. No es que el Departamento de Justicia acepta sin más cualquier delación que le haga un acusado. Esas delaciones para ser aceptadas son verificadas rigurosamente. Así que de nada sirven las veladas críticas de que esas declaraciones presentadas ante la justicia estadounidense carecen de valor, porque son hechas por delincuentes que están simplemente negociando una rebaja de sus condenas.

Con excepción de Venezuela y Ecuador, en todos los países de la región, desde Guatemala hasta Colombia, las delaciones de Odebrecht son ya conocidas por sus ciudadanos. Y las autoridades judiciales han iniciado los procesos respectivos. Acá, como se sabe, el dueño del partido de las supuestas manos limpias, tratando de ocultar el sol de la corrupción con un dedo, habría resuelto ocultar esa información. Pero la lista de Odebrecht se hará pública tarde o temprano a pesar de las excusas que se inventen para no hacer lo que otros gobiernos ya han hecho: ir a Washington o Brasilia y recabar toda la información y divulgarla. Guste o no guste, esa información saldrá, y probablemente por gestión de terceros.

Mientras tanto, la dictadura se ha dedicado a montar un show tras otro para distraer al país. Para ello están haciendo gala de su abuso de poder. Al sistema judicial lo han comenzado a usar como siempre, como un simple trapeador. Sacan a un fiscal que había investigado un escándalo por cuatro meses por no gustarles su dictamen; ponen a otro que en cuatro días habría leído más de trece mil páginas, el que hace lo que ellos dicen que era lo justo. (Ya tuvieron a un juez que en una noche estudió cinco mil páginas…) Acusan de cohecho a quienes han cometido lavado de activos, mientras dejan intocados a otros. Insisten en que las coimas no causan un perjuicio al Estado. Siguen con eso de que los paraísos fiscales son los culpables de la corrupción, como si los famosos decretos de emergencia, las llamadas alianzas estratégicas y la normativa permitiendo contrataciones directas se promulgaron en Panamá. Y quieren que creamos que el cabecilla de todo el saqueo de los fondos públicos de los últimos años era un abogado que hoy está en Lima. Y que, por una década, ellos como ingenuos palomitos, no sabían nada, no vieron nada, no escucharon nada, dedicados como estaban a preservar sus virginales almas en los altares de la revolución. ¿Tan tontos los creen a los ecuatorianos?

Y esto es solo el comienzo. Ya veremos cuando los muertos resuciten y salgan a votar. (O)