Con oportunidad del inicio del año y de la campaña electoral, tanto los empresarios como la Iglesia hicieron sendos pronunciamientos públicos, en los que más allá de sus enfoques específicos, hubo coincidencia sobre la necesidad de un nuevo rumbo.

El mensaje de ambas corporaciones dirigido tanto a la ciudadanía como a quienes aspiran a su representación mediante el voto, recoge el clamor de importantísimos sectores de la sociedad en favor de un cambio del modelo de desarrollo, luego de 10 años de populismo de la Revolución Ciudadana.

“El estatismo, el centralismo y el discurso único, son una gran tentación de poder y de control. Nadie puede suplir la libertad y la dignidad de las personas”, una frase acertada de la carta pastoral.

Ochenta gremios empresariales comparten este parecer, destacando que el protagonismo del Estado en la economía se torna insostenible. El endeudamiento agresivo no es sino un paño tibio para prolongar su colapso. Merced a la obtención de préstamos por 13.500 millones de dólares, se consiguió que la contracción económica sea menos ruinosa en 2016. Pero los ingresos, tal parece, no alcanzan ni para pagar la nómina mensual del sector público, lo que explica la colocación de 1.000 millones en bonos adicionales los primeros días de enero.

Y la falta de dinero induce a manejar discrecionalmente la regulación de la Reserva del Banco Central para poner a disposición del fisco recursos que son de los depositantes de la banca privada; otros 550 millones se acaban de sumar al pasivo impagable del Ministerio de Finanzas.

“El Estado debe tener un valor subsidiario y no debe sustituir la iniciativa privada”, dicen los obispos. Opinión compartida largo tiempo por los agentes económicos que han soportado una década de legislación y regulaciones improvisadas, en los ámbitos tributario, laboral, comercial, bancario, etcétera, que pueden resumirse en ese hartazgo llamado bullying normativo.

Otra coincidencia es la falta de control y fiscalización de la corrupción, un problema que ha entrado en crisis en plena etapa electoral, prestándose a toda suerte de vergonzosas manipulaciones.

La apelación a una frase del papa Francisco no puede ser más oportuna: “La corrupción supone la destrucción del tejido social y es un fraude a la democracia”.

En la etapa final de la campaña todo parece cifrarse en el dilema si se conocerán antes o después del 19 de febrero, los nombres de los funcionarios públicos, familiares o relacionados que recibieron 33,5 millones de dólares en coimas por las obras de infraestructura que ejecutó la empresa Odebrecht desde 2007. El futuro del país parecería depender de que se revele el escándalo sin tapujos.

Mientras el Gobierno, con la habilidad y el maquiavelismo que le caracteriza, ha optado por tender cortinas de humo prevalido de información tributaria que estaba para ser utilizada en el momento oportuno; es lo que explica los bullados casos Capaco y del asesor de la Alcaldía de Quito, Mauro T. La estrategia se resume en que la corrupción es de todos y se remonta a gobiernos anteriores.

En medio de esta incredulidad es alentador el llamado de atención que han hecho de manera coincidente empresarios e Iglesia. Su amplio cuestionamiento al estado de cosas pone en entredicho la afirmación del presidente Correa que va a entregar un país en marcha; salvo la aclaración pertinente, que dicha marcha es para atrás. (O)