Piénselo, lector, ¿qué será peor para un gobernante y su entorno: 1) generar la percepción de que todo lo infectan porque lo politizan; o, 2) asumir que terceros –aun opositores– en sus narices forjan y lucran de pillerías?

Hay quienes sostienen que más daño hacen a una sociedad los “pelotudos” –en el decir vulgar– que los pillos, porque respecto de los primeros, los riesgos de perjuicios no tienen límite; y en cuanto a los segundos, a veces tienen ciertos recatos.

Sí puede haber una tercera especie en el poder, los que creen que saben todo –y para el efecto exhiben sus títulos de posgrado– y en la práctica llevan la gestión pública de tumbo en tumbo, les encanta el boato del poder, pero cuando ya no se puede ocultar la purulencia quieren identificar responsables.

Un funcionario público de muchos años me decía de uno “hipertitulado” que ya ha pasado por varios ministerios y otras altas funciones, “habla bonito, pero no puede revisar un estado financiero, porque no lo entiende”.

El pativideo de la deuda externa

El miércoles 18 de enero de 2017, escuché en radio Centro al exministro de Economía del actual gobierno Fausto Ortiz que señalaba los macroerrores de la década de Rafael Correa, puntualizando que el primero fue la señal filtrada a inicios de febrero del 2007 a los mercados internacionales, sobre que se caería en default –no pago– en un vencimiento inmediato de los intereses por USD 135 millones, lo que habría permitido a entidades venezolanas próximas al gobierno de Chávez comercializar seguros de deuda denominados “Credit Default Swaps” o CDS (respaldo a acreedores en caso de que el país entre en moratoria y no pague su deuda), pero luego el Gobierno decidió su pago puntual, lo que se cumplió el 15 de febrero de 2007.

Lo relató con nombres y apellidos, hasta cómo se ordenó grabar una reunión, en que se habló de darle el susto al mercado.

Aquello se acusó como manejo de información privilegiada.

¿Solo hecho político, sin beneficio al bolsillo para los del propio Gobierno? No hay prueba de lo contrario.

En la grabación intervino una especie de asistente ministerial, Quinto Pazmiño, quien la dio a conocer semanas después a los medios de comunicación, motivando amenazas contra él que no llegaron a ejecutarse, porque el 2010 falleció él, luego su cónyuge.

‘Capaco Papers’

En la primera página de la edición impresa de El Telégrafo –medio de comunicación del Gobierno– del viernes 20 de enero de 2017, lo más destacado aparece bajo esa denominación.

Y sigue “Charlie P. era ‘Rey’ en la petrolera ecuatoriana”, se refiere a Carlos Pareja Cordero (Capaco en el decir), abogado, con algún parentesco no muy próximo con Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya en el decir), acusando que Capaco hasta le daba redactando a Capaya los textos de las resoluciones que debía tomar en los diversos e importantísimos cargos que el último ejerció en la década del gobierno de Correa-Glas.

¿Un reinado en la principal empresa estatal ecuatoriana, dentro de un gobierno dominante –incluyendo entidades de control entre el 2007 y el 2016– con contratos fraudulentos con sobreprecios y otras infracciones?

En las fotos, inauguraciones, visitas y viajes nunca aparecía Capaco con Capaya, sí este con el presidente Correa y el vicepresidente Glas y otros altos funcionarios del Gobierno.

Verdad que a la Contraloría desde el 2007 se le fue eliminando el control precontractual –nunca se habrían dado los elevadísimos sobreprecios con ese control– y que luego se hizo una enmienda constitucional para eliminarle la auditoría de gestión, con lo cual a la entidad de control se la redujo a solo algo más que una especie de sala de velaciones de la corrupción, solo auditoría de lo que ya se dio, pero ni así es admisible que haya habido un rey en la más importante empresa pública del Ecuador.

‘¡Cómo da vueltas la vida! Alguaciles alguacilados’

Frase del presidente Correa de enero 20, a las 12:08, citando como fuente a un troll del propio entorno del Gobierno –@dato_certero– sobre los 18 nombres socialcristianos que aparecen mencionados en relación con el trasvase a Santa Elena.

¿Cuál es la fuente de la información a la que debe accederse?

No la citan los que la usan, manipulan y distorsionan, porque prefieren escandalizar.

Es una publicación de “anonymus” que viene de marzo del 2016, en que hay que desagregar el libro de códigos y el archivo de documentos.

En el libro de códigos –1986 a 1992– están cientos de nombres –en orden alfabético– y códigos de identificación de personas de Brasil y de fuera de ese país, a que Odebrecht decidió clasificar, sin aparecer montos ni referencias a entregas de sobornos. Ahí están los 18 nombres, pero no enlistados como se reproduce en el Ecuador, lo que resulta de una edición elaborada en nuestro país.

En el archivo de documentos –que parecería ser incompleto– aparecen algunas constancias de pagos, siendo que de los 18 nombres del Ecuador, solo se registra un pago a uno de ellos, pero con identificación de la fuente y el porqué del pago.

Una exempleada de Odebrecht Concepción Andrade menciona –pero no da evidencias– que la lista de cientos de nombres estaría vinculada con sobornos.

Los links a los que se puede acceder son https://t.co/Qhlc7vxilM y http://www.lackingfaces.org/2016/03/anonymous-publica-documentos-sigilos....

Que Odebrecht de antes del gobierno de Lula, en Brasil, durante su gobierno y después de este estuvo involucrada en coimas, cohecho, sobornos y extorsión, parece evidente. Los nombres de los involucrados y más precisiones es lo que se requiere conocer.

Las hipótesis de la corrupción de antes de Correa no puede generar patente de corso para la década de Correa, ni la de esta limpia la corrupción anterior.

Más que atropello, indecencia

Escuché la expresión en referencia al proceso de reasignación de frecuencias para radio y televisión, en que habría el riesgo de que medios de prestigio y respeto se queden afuera y se privilegie a los que se alineen con el Gobierno o a los que acumulan frecuencias –usando membretes societarios y nombres prestados– con el fin de ser dominantes en el Ecuador.

Radiodifusores como Diego Oquendo, radio Visión, y Gonzalo Rosero, radio Democracia, de Quito, por décadas con espacios muy respetables de información, de investigación y de opinión, siempre con apertura democrática a todos –antes del 2007 el actual gobernante era reiteradamente invitado a las mencionadas radiodifusoras–, están en riesgo por insumisos ante el poder.

La Agencia estatal de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) tacha los años de entrega de los radiodifusores: “Hay quienes dicen que han tenido una radio durante 80 años, cuando es un recurso del Estado, que pertenece a todos”.

¿Quiénes son todos?, ¿los dispuestos a ser serviles ante el poder? (O)

Hay quienes sostienen que más daño hacen a una sociedad los “pelotudos” –en el decir vulgar– que los pillos, porque respecto de los primeros, los riesgos de perjuicios no tienen límite; y en cuanto a los segundos, a veces tienen ciertos recatos.