El proceso de redistribución de frecuencias de radio y televisión, por el cual la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones adjudica 1.486 frecuencias, se encuentra en su fase final. Desde el principio se hicieron varias observaciones y críticas, como la falta de transparencia, el cambio de reglas a destiempo y la ausencia de veedurías ciudadanas.

El artículo 107 de la Ley Orgánica de Comunicación reconoce “un puntaje adicional equivalente al 20% de la puntuación total establecida en el correspondiente concurso como reconocimiento a la experiencia e inversión acumulada en la gestión de un medio de comunicación”, lo que no se aplicó en la fase decisiva del concurso.

Todo esto más la inconsistencia en el número de frecuencias, ya que no coincide lo registrado ante notario público y lo que aparece en el momento de anunciar los resultados, tornan poco confiable al proceso, que al aplicar lo mencionado deja fuera a radios de gran trascendencia, excelente programación y óptima sintonía, privando al país de buenas oportunidades de entretenimiento, aprendizaje y voces críticas, lo que vuelve el hecho inexplicable para las audiencias y siembra el temor de que la uniformidad del pensamiento sea una de las consecuencias que se busca. (O)