La ridiculización de la que ha sido objeto el fiscal Galo Chiriboga en estos últimos días la tiene bien merecida después de las absurdas declaraciones que hizo a propósito de las investigaciones sobre el caso Odebrecht. Chiriboga trató a la opinión pública, a la sociedad y a los ciudadanos como a tontos, se burló de ellos, pretendió pasarse de listo en una comisión parlamentaria que esperaba una actitud más seria y comprometida suya para esclarecer un caso gordo de corrupción.

Chiriboga parece formar parte de la estrategia gubernamental de tratar las denuncias de corrupción como parte de un juego electoral sucio sin fundamentos en la realidad. En manos de la Fiscalía todo se diluye. Actúa solo cuando los hechos de corrupción le llegan a las manos y no puede evitarlos. Entonces sale de sus prolongados letargos para dar la impresión de que toma cartas en el asunto. El caso Petroecuador lo retrata a la perfección: cuando era ya un escándalo público montó operativos en la casa de algún implicado para descubrir dinero efectivo en los tumbados. Con esas acciones, entre sospechosas y espectaculares, que luego son ampliamente promocionadas, confirma el escándalo pero al mismo tiempo lo banaliza. Después no pasa nada. En eso consisten sus actuaciones: vuelve insustancial toda denuncia, la baja de perfil, la convierte, como dice Correa en las sabatinas, en casos aislados, nada de qué preocuparse.

Las ridiculizaciones de las que ha sido objeto en las redes sociales, donde se ha contestado con dureza su burla a la opinión pública, son la consecuencia de un sentimiento de impotencia de muchos ciudadanos frente a la poca claridad con que Chiriboga actúa en casos que pueden involucrar a funcionarios del Gobierno. El malestar frente a su parsimonia se transformó en ira tras sus desafiantes declaraciones.

A esa estrategia claramente volcada a blindar al Ejecutivo en una coyuntura electoral crítica, que muestra hasta dónde las otras instituciones del sistema político se encuentran sometidas y silenciadas, carentes de un espacio propio, despersonalizadas, se suma el miedo. Correa tiene aún tanto poder que el fiscal y lo mismo el contralor brillan por la inacción. El contralor se lava siempre las manos echándole la pelotita a la Fiscalía, pero es incapaz de levantar con fuerza las sospechas de perjuicio al Estado que se desprenden de los exámenes que realiza. Al igual que la Fiscalía, hace públicos sus exámenes cuando los casos se han vuelto escándalos y ya nada de lo que dice tiene importancia ni relevancia política, sale a la luz pública detrás de hechos consumados, para no arriesgar su pellejo frente al Ejecutivo.

La Fiscalía y la Contraloría han sido sujetadas por el poder del Ejecutivo, transformadas en piezas de la estrategia de dominio autoritario del Gobierno sobre la sociedad, de su falta de transparencia en el manejo de tantos y tantos recursos que han pasado por sus manos sin el menor interés por mostrar pulcritud. Contribuyeron a que el Estado se transformara en un espacio de dominio patrimonial de Correa y AP.

La imagen y prestigio de Chiriboga han recibido una sanción más que merecida por esas desafiantes y burlonas declaraciones, que retrataron de cuerpo entero a una Fiscalía atada de manos. (O)