El 21 de diciembre de 2016 se conoció que Marcelo Odebrecht admitió ante la administración de justicia de Estados Unidos que pagaron 33,5 millones de dólares a funcionarios del Ecuador para obtener algunos contratos.

El fiscal general y el embajador en Washington fueron llamados a la Asamblea para que informen sobre las actividades realizadas para obtener información que permita identificar a los responsables e iniciar las acciones legales correspondientes. El fiscal Chiriboga dijo: “Yo sí sé quién es el corrupto: es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es y hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. Ahora nos toca investigar quiénes se beneficiaron de esa acción ilegítima de Odebrecht”. En otras palabras, hemos avanzado hacia lo que supimos el 21 de diciembre. Mientras tanto, la congresista republicana de Estados Unidos Ileana Ros-Lehtinen solicitó al fiscal de ese país que hiciera públicos los nombres de los funcionarios ecuatorianos involucrados. Basa su pedido en “los intereses de la seguridad nacional estadounidense” y en que considera altamente improbable que la justicia ecuatoriana permita conocer la información antes de las elecciones.

Sería altamente vergonzoso que conociéramos una información a la que los ecuatorianos tenemos derecho, gracias a la gestión de una legisladora estadounidense y que eso permita pensar dentro y fuera del país que se está supeditando la acción judicial a un hecho político. (O)