Uno de los elementos centrales en la relación de las personas con el Estado es que estén regidas por normas de cumplimiento obligatorio por todos los actores del llamado pacto social. La Constitución y las leyes en general expresan la confianza no solo en el elemento reglado sino en la previsibilidad del comportamiento de las instituciones, de ahí que no pocas constituciones incluyan la rebelión popular como una de las posibilidades si algún gobierno se aparta de las normas y establece una dictadura. El derecho a levantarse contra toda forma de tiranía tiene rango constitucional en varios países, entre ellos el Paraguay.

La degradación de las instituciones democráticas en general ha sumido a la ley en ese vasto territorio dominado por la sola enunciación de la ley y el escaso apego a su cumplimiento, cuando de ella deviene alguna forma de restricción al gobernante de ocasión. La no convocatoria a un referéndum revocatorio en Venezuela, o aquel otro convocado hace casi un año para impedir una nueva reelección de Evo Morales en Bolivia, no demuestra flexibilidad sino el rechazo de cualquier uso de la norma cuando ella pueda devenir en un resultado negativo para el gobernante de turno. En ese camino destruyen la justicia y la subalternan a toda interpretación favorable al detentador del poder autoritario, revestido de algunas formalidades democráticas. Este travestismo es incapaz, sin embargo, de esconder la real afiliación a los mecanismos autoritarios y su distancia con la democracia, a la que denuestan y de la que se mofan calificándola de “burguesa o decadente” cuando no les conviene.

La democracia latinoamericana, sucia de corrupción, nepotismo, arbitrariedad y persecución al que no piensa igual, tiene que dar paso a un cumplimiento de la norma que nos permita vivir en estados previsibles y serios.

América Latina ha visto decaer a estos gobiernos surgidos de la abundancia de los precios de materias primas, que ha permitido que muchas de las fallas estructurales e instituciones no fueran analizadas ni enfocadas con el rigor necesario. Ahora, con una economía fuertemente golpeada por los precios adversos, comenzamos a retomar el debate sobre las estructuras en las cuales están sostenidas nuestras democracias “participativas”, que de ellas solo queda el adjetivo y no el sustantivo. Debemos volver a conjugar el verbo participar sin dobleces ni sofismas, para que la sociedad crezca luego de haber pasado por sucesivas crisis y nos decidamos a construir instituciones sólidas, con mandatarios que no solo le teman a la ley sino que se sometan a ella como en cualquier estado de derecho que se precie de tal.

La democracia latinoamericana, sucia de corrupción, nepotismo, arbitrariedad y persecución al que no piensa igual, tiene que dar paso a un cumplimiento de la norma que nos permita vivir en estados previsibles y serios. Lo contrario es caer en la misma anomia en la que por mucho tiempo venimos viviendo y en donde el capricho del gobernante no fue otra cosa que la manifestación autoritaria que nos hizo perder tiempo y oportunidades.

Hay que rescatar el verdadero sentido de la democracia: las normas y las instituciones. Lo opuesto es dictadura, anarquía y subdesarrollo.

(O)