No hay que llamarse al engaño. El oficialismo tendría mucho, quizás demasiado, que perder en las próximas elecciones. Los agujeros negros de las fortunas que se habrían forjado en la última década a base de negociados, redes de corrupción, comisionistas y tráfico de influencias serían descomunalmente grandes. Parecería que lo que está en juego no es la supervivencia de un movimiento, y menos de un proyecto ideológico, sino la supervivencia de una nueva casta social. Una casta que se habría enriquecido a la sombra de un gobierno que ha sido calificado por organismos no gubernamentales especializados como uno de los gobiernos más corruptos del planeta.

Si por los pocos documentos que se revelaron en los Panama Papers el país ha podido conocer el paraíso fiscal que se construyó alrededor de la Refinería de Esmeraldas, piénsese en lo que podría conocerse si llegase al poder un gobierno que tire a la borda la actual Constitución –que es el gran escudo de protección que tiene el oficialismo– y asuma el desafío histórico de someter a una auditoría internacional lo que estos señores hicieron con los 350 mil millones de dólares que pasaron por sus manos en apenas diez años. Ninguno de ellos seguramente quiere correr la misma suerte que están corriendo Lula, Dilma y Cristina Fernández.

Hay mucho de por medio, ciertamente. Y no solamente por el saqueo de los fondos públicos. Como si semejante atrocidad no haya sido suficiente, la dictadura se dedicó a violar de forma sistemática los derechos humanos. Nunca el país se habría imaginado tener un gobierno que llegue a abusar tanto de su poder como el actual. No hay institución internacional de defensa de derechos humanos independiente que no tenga al presente gobierno entre los peores violadores de libertades públicas. La justicia internacional de derechos humanos está en sus inicios, es verdad; y puede que tenga muchos defectos y limitaciones. Pero es muy difícil que vaya a dejar en la impunidad a los responsables de una década de atropellos y persecuciones, una vez que esta pesadilla termine. Los tribunales en el extranjero, especialmente en Europa, toman muy en serio la naturaleza universal de su jurisdicción cuando se trata de violaciones como las que hemos sufrido en el Ecuador. Al menos a Lula, Dilma y Cristina no se les ocurrió además de robar desaforadamente, dedicarse a pisotear los derechos humanos de sus pueblos. Solo la prepotencia que nos ha reinado puede explicar semejante error.

Por ello es que la falta de transparencia del proceso electoral que se viene advirtiendo nada tiene de extraño. La dictadura no puede arriesgarse a que el poder caiga en manos extrañas. Así, con fondos del Estado –que ahora último no se sabe si son dineros públicos o del público–, el oficialismo viene orquestando una campaña feroz y costosa en favor del continuismo. Y por ello no sorprende la denuncia de que incluso la empresa que transmitirá los resultados electorales estaría vinculada con uno de sus candidatos. Y es que tienen demasiado que perder. (O)