El Gobierno insiste en la aprobación del Proyecto de Ley de Plusvalías, sin dar paso a un debate serio sobre esta y sin abrirse a la posibilidad de otras alternativas. Toca una vez más analizar los inconvenientes que dicha ley puede traernos a los ecuatorianos, evaluando ahora la naturaleza de dicho proyecto de ley y las malas interpretaciones sobre las cuales se fundamenta.

Se nos quiere justificar este proyecto de ley bajo la excusa de evitar la especulación de tierras y el usufructo exagerado por quienes se ven beneficiados por la construcción de una infraestructura pública, contigua a sus propiedades. En economía urbana se deja siempre bien claro que la tierra en sí carece de valor alguno; uno paga por las oportunidades que esta nos ofrece de tener algún tipo de ganancia. Algunas tierras nos ofrecen más oportunidades que otras; y es por eso que hay bienes inmuebles que cuestan más que otros. La ubicación y la existencia de infraestructuras suelen ser factores decisivos en el momento de avaluar un terreno determinado. El ejemplo que siempre viene a la mente es cuando un terreno rural se vuelve urbanizable, al verse cercano a una nueva carretera. En ese tipo de casos, el propietario de aquellas tierras se ve –en teoría– beneficiado.

Sin embargo, la Presidencia de la República no está considerando las ocasiones en las cuales los propietarios se ven perjudicados; cuando la construcción de nuevas infraestructuras deprecia el valor de sus bienes inmuebles. Pasos a desnivel, plantas de tratamiento de aguas servidas, rellenos sanitarios y equipamientos de riesgo ambiental pueden desvalorizar una propiedad. ¿Qué ocurriría en esos casos? Existen incluso ocasiones en las que la propia plusvalía impide la venta de los inmuebles. Tal es el caso de Tababela, donde los terrenos han subido tanto de precio por la presencia del nuevo aeropuerto, convirtiendo a dicha población en un pueblito fantasma.

Se busca cargar con impuestos las ganancias de la plusvalía, pero no se busca compensar las pérdidas.

Si realmente se quisiera combatir la especulación, debería entonces imponer sanciones a los funcionarios públicos que filtren información relacionada con el desarrollo de nuevos proyectos públicos. Paralelamente, debería cambiarse la forma como los proyectos son implementados. Debería existir una declaración de “zona temporal de interés”, que evite el traspaso de las propiedades en las diferentes áreas estudiadas para un proyecto, una vez que los estudios de factibilidad indiquen sus posibles ubicaciones. La compra y venta debería quedar impedida, en dichas áreas preseleccionadas, hasta que se defina la ubicación definitiva del proyecto.

Este tipo de alternativas para combatir la especulación de tierras no son vistas por el Gobierno, porque no parten de una compresión total de los procesos inmobiliarios. Al contrario. La Presidencia insiste en una valoración moral subjetiva de los mismos, y en “educar” a las masas sobre lo que es “bueno” o “malo”, de acuerdo con la vara presidencial.

Se puede lograr el bien común a través de un entendimiento profundo de la economía urbana, sin dejarse llevar por caprichos personales y sin tener que reinventar el agua tibia. (O)