El pueblo sarayacu anunció el viernes que pedirá a la Corte Internacional de Derechos Humanos que le exija al Estado ecuatoriano cumplir una sentencia de ese tribunal, del año 2012, que garantiza la integridad de su territorio y su cultura.

Presentarán tres aspectos puntuales: que retiren los casi 1.500 kilogramos de pentolita, un explosivo de alto poder que la Compañía General de Combustibles de Argentina dejó abandonados hace catorce años, los cuales son una amenaza a la seguridad de la población. También piden que se les consulte sobre cualquier proyecto económico que se desarrolle dentro de las 130.000 hectáreas de su territorio y, además, consideran que el Gobierno ecuatoriano no solo ha incumplido las decisiones de la Corte, sino que ha aprobado nuevas concesiones petroleras que afectan al 91% de su territorio.

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los estados miembros. Sin embargo, no existe un mecanismo para obligar a los países que no cumplen el compromiso. No obstante, el ser identificado como un Estado que no cumple los tratados y convenciones internacionales es altamente perjudicial para el prestigio del país y como referencia para el ámbito de las relaciones internacionales, incluidas las comerciales. (O)