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Cumplir deberes

El Estado, como organización de derechos y justicia social, está obligado por ley a cumplir con una infinidad de servicios y deberes: garantizar los derechos ciudadanos, planificar el desarrollo nacional, la salud, la educación, la seguridad social, trabajo, transporte, etcétera. El Gobierno central, la Asamblea Nacional, la Corte de Justicia, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las juntas parroquiales tienen como deber primordial ejecutar acciones tendentes a cumplir con estos mandatos.

Sin embargo, hoy, con una altísima carga de deuda externa (que más parece deuda eterna), con el bajo precio del petróleo, con la apreciación del dólar y otros factores externos e internos parece imposible que el Estado ecuatoriano logre cumplir todos los servicios y deberes a la vez. La construcción de grandes obras como represas, sistemas de riego y drenaje, protección ante inundaciones, rehabilitación o reconstrucción de vías, puertos y aeropuertos..., requieren de grandes recursos económicos y esfuerzos estatales; sin embargo, podría delegarse a través de concesiones a la empresa privada, nacional o internacional. Esta invertiría en la construcción o rehabilitación y en el manejo del servicio por un lapso determinado, con una tasa interna de retorno adecuada y devolver luego al Estado las obras, la operación y el funcionamiento del servicio. Con esto, el Estado podría destinar los escasos recursos disponibles en acciones prioritarias hacia el bienestar de los habitantes. Un ejemplo es lo que bien se pudo hacer en el caso Coca Codo Sinclair, obra construida a través de la deuda pública en lugar de compartir la responsabilidad con inversionista privados, los que a su cuenta y riesgo, pienso, también la podrían haber construido.

A propósito de la actual campaña electoral y de los candidatos presidenciales, será saludable que se pronuncien por un plan nacional de concesiones, se puede intentar como posible solución a la crisis y para generar empleos; con este sistema se pueden acometer obras y cumplir con los servicios demandados.

El Estado, bajo reglas claras, sería el ente regulador y la empresa privada sería el ente que preste el servicio. Se pueden delegar megaobras hasta el cuidado de un parque o el mantenimiento de un cementerio. Pero para implantar un plan de concesiones se debe contar con una ley exclusiva para tal efecto.(O)

Marco Varas Flores, profesor, Guayaquil

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