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‘¿Quieres probar mi poder?’

No me interesa. Prefiero probar tu autoridad. El lastimoso y ampliamente difundido video de la exjueza ecuatoriana, profiriendo groserías y amenazas de muerte in vino veritas en una estación de policía en Guayaquil, evidencia la inconsistencia de nuestra justicia e instituciones. Adolecemos de una hipertrofia sobrecompensatoria del ejercicio del poder, para tapar el raquitismo de la función de la autoridad en nuestra relación con el derecho y con la ley. Confundimos poder con autoridad, y a estas dos con la fuerza, cuando las tres pertenecen a órdenes diferentes, aunque podrían juntarse y anudarse (sin confundirse) en la administración de la justicia y en el ejercicio de la ley y de la política.

Un anudamiento borromeo, como el que utiliza Jacques Lacan para ilustrar la constitución del sujeto: tres anillos anudados que representan el real, el simbólico y el imaginario. En el caso de la administración de justicia tendríamos: el real del uso de la fuerza, que a veces resulta inevitable para sostener el imperio de la ley; el simbólico de la función de la autoridad, que inviste a sus representantes para actuar y decidir en el nombre de la ley, aunque nadie “es la ley”; el imaginario del poder, que funciona en la vida social y política, soportando la eficacia del funcionario para disponer que se cumpla la ley de manera efectiva. Las tres dimensiones, como los anillos del nudo borromeo, tienen el mismo valor e importancia y ninguna predomina sobre las dos restantes… excepto en la República del Ecuador.

Padecemos de un congénito déficit simbólico, de una atrofia de la función de la autoridad, en cuanto ella debería representar la inscripción de todos nosotros en la ley, de manera idealmente equitativa. Ello no ocurre en nuestro país, donde la justicia es “solamente para los de poncho”, y eso no se arregla con edificios nuevos ni con computadoras. La “injusticia institucionalizada” es parte de nuestro folclore, es inherente a nuestro mestizaje indigesto y de ella participamos todos, empezando por nuestros funcionarios judiciales. En este país, la autoridad se sometió al poder desde siempre, mediante el real del garrote o del billete. Ante el escándalo de la exjueza, nuestro Ministerio del Interior se apresuró a exhibir su poder, anunciando que averiguará quién difundió el video y presagiando sanciones para el responsable, en lugar de hacernos sentir que aquí hay autoridad.

La insoportable levedad de ser juez, abogado o fiscal en el Ecuador, más preocupados por perseguir el “hackerismo” de Fernando Villavicencio, que por tomar en serio sus denuncias; más diligentes para ordenar su detención, que la de Carlos Pareja Yannuzzelli. La insoportable y mistificadora hipocresía de nuestro gobierno, justificando a Carlos Pareja Yannuzzelli como “un hombre honesto que cedió a la tentación del dinero”. La insoportable contradicción de nuestra Cancillería, protegiendo al Superhacker de la Galaxia en Londres, e ignorando a Fernando Villavicencio. La insoportable enseñanza de doña Lorena C: “¡Animaos, ecuatorianos! cualquiera puede ser juez, fiscal o abogado en este país. Más aún, cualquiera puede aspirar a ser presidente o vicepresidente del Ecuador, y no se diga asambleísta, ministro de Estado o “capo dei capi” en Petroecuador. ¡Eso es democracia, carajo!”. (O)

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