La semana pasada, en Ecuavisa, un diputado del oficialismo tildó de ridículo el anuncio que por allí se había hecho en el sentido de que con el último apresamiento de un exfuncionario de Petroecuador se habría dado con el cabecilla de la banda que ha saqueado esa empresa estatal. Para dicho diputado, el padrino de estos delincuentes aún sigue libre. Igual piensan muchos ecuatorianos.

Valga recordar que no es la primera vez que se hacen ese tipo de anuncios. Es como si hubiera gente interesada en que las investigaciones de lo sucedido en el área petrolera ya no avancen más. Y creen que la mejor forma de parar el derrame de pus que sigue saliendo a diario es proclamando que se ha dado con el cabecilla de la banda cuando por allí uno de sus miembros es apresado. Según esta increíble versión, el cabecilla de esta banda habría sido un funcionario de carrera de Petroecuador, mientras que el ministro del ramo habría sido un simple segundón. No se necesita ser un experto en investigaciones de lavado de activos internacional para concluir que quienes hasta ahora han sido apresados o encausados no son sino simples peones y alfiles de un entramado mafioso bien organizado.

Claro que las imágenes de los miles de dólares en billete que fueron encontrados en la casa del expresidente de Petroecuador causan un sobrecogedor impacto. Y resulta fácil imputarle ahora el título de cabecilla. Sin embargo, la experiencia en casos similares lleva a otras conclusiones. Están aún frescas en la memoria de los ecuatorianos las imágenes de las fundas de plástico llenas de dinero en efectivo que fueron arrojadas a los jardines de un convento por un exviceministro de la presidenta Cristina Fernández. A nadie se le ocurrió en Argentina creer que ese viceministro, por muy alto que haya sido su cargo en la jerarquía burocrática, era el cabecilla de la mafia que saqueó los fondos públicos de esa nación. Y menos insinuar que con su detención debían terminarse las investigaciones.

Todo lo contrario. La historia de los billetes al contado lo que hizo fue empujar más las investigaciones. Y como es lógico dichas investigaciones apuntaron hacia más arriba del cargo del viceministro, no hacia abajo. La razón es simple: un saqueo tan descomunal como el que hubo en Argentina durante la década de los Kirchner era imposible que ocurriera sin la participación de las más altas autoridades. Los fondos públicos no pasan a manos privadas a punta de pistola. Ese traspaso requiere de decretos ejecutivos, resoluciones y actos similares del más alto nivel de autoridad, instrumentos estos que crean las condiciones para que, desde el cabecilla hasta los peones, pasando por sus parientes y amigos, se sientan seguros de actuar con apariencia de legalidad.

Como se sabe, en Argentina la justicia tiene hoy acorralada a la expresidenta Fernández, pues sin las decisiones que ella adoptó el saqueo no hubiera ocurrido. Es un caso interesante, que requiere de jueces independientes. (O)