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El poder vitalicio

Alberto Molina Flores

El Congreso de Nicaragua, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), totalmente obsecuente con el presidente Daniel Ortega, modificó la Constitución eliminando el límite a los periodos presidenciales, es decir, se aprobó la presidencia vitalicia. Ante la impotencia, la oposición alcanzó a denunciar que estos cambios ilegales e inmorales a la Constitución eran “un traje a medida del dictador Ortega, que aspira a morir en el poder”.

La Iglesia de Nicaragua, coincidiendo con la minoría parlamentaria, sus autoridades, a través de un comunicado, expresaron que las medidas adoptadas por el Parlamento favorecen “el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo”, ejercido por “una persona o un partido de forma dinástica”.

Tras el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza (Tachito) en 1979, Ortega y otros cinco miembros del Frente Sandinista formaron la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. En 1985 fue elegido presidente, cargo que ejerció hasta 1990; intentó reelegirse, pero fue derrotado por Violeta Chamorro, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, periodista asesinado durante la dictadura de Somoza; Chamorro ocupó la Presidencia de Nicaragua entre 1990 y 1997.

Ortega intentó llegar a la Presidencia, representando al FSLN, durante las elecciones de 1996 y 2001, pero fue derrotado en las dos elecciones; sin embargo, en las elecciones del 2006 es elegido nuevamente, a pesar de que la Carta Magna solo contemplaba una reelección, y no para mandatos sucesivos. La Corte Suprema –integrada por magistrados sandinistas– falló a su favor en 2009, aduciendo que la Constitución violaba sus derechos civiles. Aquella decisión le permitió presentar su candidatura en 2011 para ser reelegido en unos comicios calificados como fraudulentos.

Ortega no solo ha reformado la Constitución para perpetuarse en el poder y constituirse en el émulo de los Somoza; además, ha conseguido del Parlamento que a los militares se les permita tener responsabilidades en la vida política y económica del país, abriéndoles el camino para que intervengan en la redacción de leyes, que ocupen cargos civiles en el Gobierno, que ofrezcan servicios de seguridad a la empresa privada, etcétera.

El Consejo Supremo Electoral, controlado por Ortega, destituyó a 28 diputados de la oposición. Con este acto se consagra el control total del poder a través de un neosomocismo desvergonzado.

Con los resultados del domingo 6 de noviembre, se consolida la “dictadura perpetua” de la “dinastía Ortega-Murillo”, elección calificada como “una farsa” y que carece de “legitimidad”.

La reelección indefinida para perpetuarse en el poder, ya la ejercieron los Duvalier, Trujillo, los Somoza, los Castro, Stroessner, etcétera. Esta franquicia de los feroces dictadores está siendo practicada nuevamente y con todo el descaro, en los países de la ALBA.

Las sentencias de Juan Montalvo cobran actualidad: “Todo tirano es mesiánico y el peor de los tiranos es quien se escuda en el escrutinio electoral”. (O)

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