Invitado por el alcalde Jaime Nebot estuvo en Guayaquil la semana pasada el periodista argentino Jorge Lanata. Vino para recibir un homenaje por parte del alcalde, y por su intermedio de la propia ciudad de Guayaquil, no solo por su incansable trabajo como periodista de investigación en Argentina, sino como exponente de la libertad de expresión; una de las libertades civiles que más ha sufrido limitaciones en los últimos años. Gracias a su trabajo, Lanata logró destapar los manejos ocultos del que ha sido probablemente el Gobierno más corrupto que haya tenido Argentina en su historia. A ello contribuyó también la valentía de mujeres como la diputada Carrió, que supo enfrentarse al poder de los Kirchner presentando denuncias sustentadas, las que hoy han puesto a Cristina Kirchner a pocos metros de la cárcel. Los fiscales y jueces argentinos no pudieron seguir impávidos, y hoy los procesos avanzan con firmeza.

La situación del Ecuador no es muy diferente. Mientras el alcalde Nebot homenajeó a Lanata, la presidenta de la Asamblea Legislativa, en un acto que será recordado por su ignominia, condecoró semanas atrás –y nada menos que en la Orden Manuela Sáenz…– a Cristina Kirchner. En otras palabras, acá el oficialismo premió a la corrupción. Gracias a los reportajes de los Panama Papers, y a las investigaciones de Fernando Villavicencio, el país ha podido conocer algo de la corrupción con la que ha sido manejada el área petrolera durante los últimos años. Tanto es cierto esto, que algunas acciones penales tuvieron que iniciarse. Y, sin embargo, los periodistas responsables por estas denuncias, y los medios encargados de difundirlas, vienen siendo acosados por quienes preferirían que sus acciones se mantuvieran fuera del escrutinio público.

Según Lanata, él estaría preso en el Ecuador debido a la Ley de Comunicación. Y así es. Dicha ley es la pieza fundamental que creó el Gobierno para consolidar su dictadura y sellar la impunidad. Ella juega además el rol de contaminante ideológico para la manipulación de otras figuras e instituciones jurídicas de incuestionable legitimidad como son, por ejemplo, el daño moral, el derecho penal, el habeas data, o la protección de datos personales; manipulación que no tiene otro efecto que el de silenciar a la prensa independiente, y proteger el atraco de los fondos públicos. De allí que resulta inexplicable que algunos movimientos políticos de oposición no exhiban un compromiso inequívoco y contundente de derogar en su integridad la ley que Lanata acaba de denunciar en Guayaquil.

Al paso que van las cosas, el próximo que podría ser condecorado por la presidenta de nuestra Asamblea Legislativa seria el expresidente Lula da Silva. Después de todo, Lula ha hecho méritos para ello, según el manual de ética del oficialismo: la justicia le ha abierto una nueva causa penal por sus gestiones internacionales para beneficiar a una constructora brasileña a cambio de jugosos favores a su yerno. Quizás el alcalde Nebot debería ir pensando, a su vez, en rendirle un homenaje al fiscal de esa nación. (O)