No hay duda, el Gobierno intentará hasta el último día aplicar su modelo de intervención estatal con huellas muy negativas sobre la vida diaria de la gente. Además, dejan una serie de mecanismos para que no sea fácil revertir sus decisiones (ejemplo, la mayor parte de leyes aprobadas son orgánicas y requieren mayorías especiales para ser cambiadas).

Uno, la medicina prepagada. El argumento del Gobierno es sencillo: hay gente que tiene dos seguros, el del IESS (obligatorio) y el privado (contratado libremente), y es injusto que cuando alguien va al IESS “la empresa privada gane por el seguro, pero el IESS tiene que asumir los gastos”, y por eso la empresa privada, según la nueva ley, debe pagar al IESS por esa intervención. Suena ‘lógico’. Solo hay un problema y es que se puede presentar el argumento exactamente al revés: hay gente que aporta al IESS pero utiliza los servicios y el seguro privado, por ende, “el IESS gana por el seguro pero los privados asumen el costo”. En realidad si una persona tiene dos seguros, el que la persona escoja en cada necesidad es el que debe cubrir los gastos, y nada más. Lo que la ley plantea es un absurdo y un abuso. O aún mejor, el aporte al IESS no debería ser obligatorio sino que cada uno debería escoger libremente su cobertura (asegurándose que sobre todo la población de menores ingresos tenga alguna cobertura mínima).

Dos, la famosa Secom (u otras instancias de control de la comunicación). Hay un programa de radio deportivo que tiene mucho éxito porque a la gente le gusta el tono fuerte, irreverente, muchas veces “maleducado” que utiliza. A unos les gusta, a otros no (a mí me gusta el 70% de las veces), y en ambos casos hay una conclusión muy sencilla: libremente, poder escoger o no escoger esa estación. Pero por encima de las personas está el Gobierno y su intento permanente de dirimir el bien y el mal en situaciones que son absolutamente personales. Impone multas para enrumbar el comportamiento en la radio. Absurdo, no pagamos impuestos para eso. Dejen a la gente escoger, equivocarse, quejarse o aplaudir cuando lo desee.

Tres, un nuevo impuesto a la plusvalía. Con esto el Gobierno intenta “guiar” para que no haya especulación y abusos en el mercado de propiedades. Siempre lo mismo, dirimir entre lo que está bien y mal. Todo impuesto implica inevitablemente un costo para la sociedad en términos monetarios, de distorsiones, de ajustes (innecesarios) en los comportamientos, etc. Una vez más el remedio más sano en estos caso es dejar que la gente decida, se equivoque o le vaya bien, gane o pierda. Con las intervenciones del Gobierno sucede esto mismo, pero en un marco de enormes ineficiencias.

Y si a esto le agregamos la propuesta del presidente de que Alexis Mera sería un magnífico contralor, cerramos el círculo de que en los meses por venir hasta el cambio de Gobierno, Alianza PAIS no va a parar en su intento de amoldar el Ecuador a su (errada) visión de la vida. (O)