El último reporte del FMI abrió una discusión muy amplia en el país. Quizás la controversia más importante estuvo relacionada con el escenario previsto por el FMI para el periodo 2016-2021. En estos años, el PIB real, según el FMI, caería en -2,3% en 2016; -2,7 en 2017; -1,1 en 2018; y en -0,4 y -0,5 en 2019 y 2020, respectivamente. Una modesta recuperación, 1,5%, se apreciaría solo en el año 2021.

Si completamos lo que se conoce en el ámbito de la teoría económica como el “cuadrado mágico”: posición de balanza de pagos; situación fiscal; y, precios, salarios y empleo, las previsiones del FMI tampoco eran muy auspiciosas. La inflación (¿por baja de la demanda?) aumentaría en un punto en 2016; los precios, a fin de periodo, caerían en -0,6% en 2017, y aumentarían ligeramente hasta el año 2021. Asimismo, la posición de cuenta corriente de balanza de pagos sería negativa prácticamente hasta 2021; y la tasa de desempleo, en esos años, estaría por sobre el 6%.

Para el FMI, la posición fiscal dejará ver el muy poco margen de maniobra que tendría un próximo gobierno en materia fiscal. La deuda registraría cifras altas respecto del PIB, cerca del 40% del PIB.

Las previsiones macroeconómicas suelen hacerse proyectando los indicadores de las cuentas nacionales o utilizando modelos econométricos, sobre todo los de equilibrio general (¿cómo las hace el BCE?). La información de base, limitada en ambos casos, no es ‘constante’ en tiempo futuro, por lo que las proyecciones reflejan siempre la opinión de los expertos en coyunturas específicas, lo que obliga a su revisión. Se trata cada vez de ponderar mejor las expectativas de los agentes ante determinados escenarios de desempeño, para evaluar correctivos. Esta es práctica del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE y de todos los organismos especializados.

De todas maneras, en mi opinión, lo destacable de las previsiones del FMI para Ecuador es lo que consta en su Matriz de Riesgos. Sea sobre la producción de petróleo; el financiamiento de eventos aleatorios; la erosión de la confianza y el año electoral que se avecina; los riesgos vinculados a la apreciación del dólar; los bajos precios del petróleo; la desconfianza de los inversionistas; las dudas sobre la performance de la economía china; y, algunos problemas financieros, el FMI insiste en la necesidad de introducir reformas de política económica que aseguren la liquidez del sistema bancario, el control de las tasas de interés y el adecuado manejo de las herramientas macroeconómicas.

Sugiere, asimismo, racionalizar el gasto público, aplicando una política anticíclica basada en prioridades (las políticas anticíclicas no pueden ser improvisadas); adoptar medidas estructurales para mejorar la productividad, la competitividad y el clima para la inversión, en un marco de ajustes adecuados de precios y salarios. Recomienda reducir la dependencia del petróleo, favorecer la credibilidad de los agentes económicos en las políticas oficiales y asegurar el funcionamiento de los mercados.

Estas propuestas, que no necesariamente deben seguir el patrón clásico –lo que depende de la habilidad de las autoridades económicas para definir alternativas válidas–, son entendibles en la medida en que, se diga lo que se diga, Ecuador es una economía de mercado.

Estamos de acuerdo en que los mercados tendrán que ser regulados, pues no funcionan como lo describen los textos clásicos. Según Jean Tirole, Premio Nobel de Economía 2007, seamos políticos, empresarios, asalariados, desempleados, trabajadores independientes, etcétera, cualquiera que sea nuestro lugar en la sociedad, reaccionamos todos a las incitaciones a las cuales nos vemos confrontados. Esas incitaciones materiales o sociales y nuestras preferencias combinadas definen el comportamiento que adoptaremos, que puede o no ir al encuentro del interés colectivo.

Pero, claro, la búsqueda del bien común pasa por la construcción y consolidación de instituciones que procuran conciliar el interés individual y el interés general. Bajo esta perspectiva la economía de mercado no es una finalidad; es, a lo sumo, según Tirole, un instrumento imperfecto si se tiene en cuenta la divergencia posible entre el interés privado de los individuos, de los grupos sociales y de las naciones y el interés general. Tal aproximación debería abrir vías de comunicación y consenso entre los ciudadanos, sobre todo para saber lícitamente si tales comportamientos son deseables desde un punto de vista social y no afectan indiscriminadamente los intereses de nadie.

La economía no está ni al servicio de la propiedad privada y de los intereses individuales, ni al servicio de aquellos que desearían utilizar el Estado para imponer sus valores o hacer prevalecer sus intereses. La economía está al servicio del bien general y por eso se debe, respetando las libertades, identificar las instituciones y las políticas que promueven el bien común, comprendiendo el alcance de la política económica.

Afirmaciones como aquella de que en la coyuntura “a lo mejor” se aplique una “tregua normativa”, cuando los signos de recuperación no son claros y los indicadores macroeconómicos siguen mostrando un desempeño muy preocupante, no deben en consecuencia ser consideradas.

Las autoridades están obligadas a definir planes consistentes. Mercado y Estado no son alternativas; son mutuamente dependientes. El buen funcionamiento del mercado depende del buen funcionamiento del Estado. El mismo Tirole anota que es hora de entender que la regulación inteligente de los mercados por parte del Estado reduce sus ineficacias y limita el impacto de ese intervencionismo sobre la innovación y la creatividad. Hay, en definitiva, que aplicar mecanismos óptimos de gestión de la competencia y de la regulación.

¿Entenderemos que en una economía de mercado como la ecuatoriana hay que definir apropiadamente los papeles que les cumple, cabalmente, al Estado, a los empresarios y a los trabajadores, en un mundo interrelacionado? Ecuador tiene una apuesta muy difícil para su normalización y desarrollo en el muy corto plazo. Enfrentémosla con libertad y sobre todo con conocimiento de las materias que involucra el desarrollo económico y social. La improvisación y las verdades “absolutas” de algunos “ingenuos” no tienen cabida en ese trascendental empeño. (O)

Para el FMI, la posición fiscal dejará ver el muy poco margen de maniobra que tendría un próximo gobierno en materia fiscal. La deuda registraría cifras altas respecto del PIB, cerca del 40% del PIB.