Ya lo decía el presidente con poco disimulo: si se ‘consolida’ la deuda del Gobierno, su valor efectivo cae de 37.000 a 25.000 millones (25% del PIB)… ¡de un plumazo! Y el presidente del Banco Central lo ha ratificado: ese es nuestro nivel de deuda, y por ende no hace falta mover el techo de endeudamiento que manda la ley (39.000 millones actualmente), salvo que así lo requiera la Refinería del Pacífico (en sí mismo un absurdo hacer ese proyecto y financiarlo con deuda).

¿En qué consiste esta ‘consolidación’? Imaginemos que en una familia hay una deuda entre marido y mujer de 200, además 400 con familiares y 400 con externos. La deuda total es 1.000. ¿Se la puede ‘consolidar’? Si marido y mujer viven juntos, y razonablemente comparten ingresos y gastos, esos 200 que se deben entre ellos son en realidad una misma cuenta que pasa de un bolsillo a otro, y se puede eliminar, por lo cual la deuda consolidada es 800. Pero si los dos no comparten gastos e ingresos porque están separados, ¿se puede consolidar? Obviamente, no. ¿Y con los parientes? Tampoco, porque si es, por ejemplo, con los padres, significa que o pierden los intereses que sirven para su vida diaria, o en el futuro tendrán menos recursos para su jubilación. A no ser que se tenga su autorización (sería extraño que la den) y que acepten la pérdida patrimonial que esto genera. ¿Y con los externos? Peor todavía.

¿Cómo se aplica esto al Gobierno? La deuda interna (alrededor de 12.000 millones) es la que se quiere consolidar, y por ende la pregunta que surge es: ¿con quién es esa deuda? Respuesta: la mayor parte con el IESS, financieras públicas (BNF o CFN) y otros agentes externos al Gobierno, muy poco (¿o nada?) es al interior del Gobierno. Quiere decir que lo que se puede consolidar (como marido y mujer) es solo la pequeña (o nula) parte que se debe entre instituciones del propio Gobierno Central. Pero el IESS, BNF, CFN, o empresas estatales, no son parte del Gobierno y solo son como parientes lejanos, no se puede consolidar con ellos sin su autorización y sin aceptar la pérdida patrimonial que eso implica. En el caso del IESS, aumentaría el hueco que se deja para futuras generaciones. Y los bancos estatales tendrían menos patrimonio y por ende mañana habría que recapitalizarlos poniendo dinero del Gobierno (nuestro).

Es una operación que, igual que en tantos otros temas, le facilitaría la vida al actual Gobierno para seguir gastando y endeudándose a cambio de trasladar más problemas y obligaciones hacia el futuro. Obviamente, es inaceptable. Se tiene, más bien, que hacer todo lo contrario. En lugar de esconder deudas vía la consolidación propuesta, debemos transparentar el endeudamiento incluyendo todo lo que hoy se esconde a través de subterfugios “legales” (venta anticipada de petróleo, emisión de certificados, deuda con el Banco Central, etc.). El engaño es bastante penoso, porque nos estamos engañando a nosotros mismos, y a nosotros mismos nos tocará pagar la factura de esa viveza criolla. (O)