El caso conocido como de los pases policiales se refiere a la comercialización de la autorización para que un policía se traslade de una plaza a otra. Ahora, después de las investigaciones, se conoce que algunos pases ilegales se registraron en el año 2010 y que entre octubre del 2014 y julio del 2015 se tramitaron algunos miles de estos, por lo que se cobraba entre mil y dos mil dólares.

Conforme avanzan las investigaciones de la Fiscalía, se encuentran nuevos sospechosos de integrar lo que sería una organización bien estructurada, a la que, parece, pertenecían oficiales de alta jerarquía, entre ellos un excomandante, cuya esposa ha acusado a funcionarios del Ministerio del Interior de persecución al oficial y a su familia, y dice que esto es una cortina para ocultar a los verdaderos culpables.

Los ecuatorianos nos sentimos indefensos, pues si dentro de una institución destinada a garantizar la seguridad de los ciudadanos se extorsionan ente ellos y se obtiene un destino para ejercer comprándolo, es poco lo que podemos esperar. Pero sí podemos exigir que la investigación se haga con rigurosidad imparcial para que se sancione a los culpables, cualquiera que sea su rango. (O)