Como ha sido habitual en los últimos nueve años, en nuestro país se han replicado mucho hechos políticos, económicos y sociales ocurridos primeramente en Venezuela. Empezamos con la convocatoria a una asamblea constituyente que creó la nueva Constitución (mismo sistema de gobierno) y luego de ello, se han reproducido (con leves cambios) leyes, se ha arremetido contra medios de comunicación y se ha despreciado públicamente a personas que han manifestado su opinión contraria al régimen. En ambos países se entregaron mensualmente “bonos solidarios” a miles de personas, se acondicionaron cientos de dependencias públicas y se iniciaron una serie de proyectos que demoraron mucho tiempo en implementarse efectivamente (algunos todavía siguen pendientes).

Las críticas y opiniones también coinciden: falta de independencia de las funciones del Estado, abusivo control del Poder Ejecutivo, corrupción en funcionarios públicos e insistentes ataques a varios derechos humanos.

La cantidad de similitudes abundan, muchas sobre situaciones presumibles y otras insólitas, como por ejemplo lo es la creación de instituciones estatales cuyos fines son la búsqueda de la “felicidad” y “el buen vivir”.

Siendo así las cosas, como ecuatorianos podríamos estar temerosos de nuestro futuro. Conocemos los serios problemas por los que atraviesan los venezolanos: falta de comida y de artículos esenciales de higiene, constantes inconvenientes de energía eléctrica, un alto nivel de desempleo y no podemos olvidar que sufren de la inflación más grande del mundo. Sin embargo, creo que juntos aún podemos evitar el desenlace mortal.

Nuestras decisiones en este periodo de campañas electorales y en las elecciones traerán sus consecuencias. Cuando hablo de las secuelas que podrían darse por el periodo preelectoral, quiero referirme expresamente a lo acontecido el 23 de agosto de este año en Venezuela y, como dice la costumbre, es probable que ocurra en Ecuador.

El presidente Maduro, en una más de sus inconcebibles intervenciones y toma de decisiones, ordenó que en 48 horas se disponga la “destitución” de todos los funcionarios públicos con cargos directivos o de confianza que firmaron por el referendo revocatorio de mandato. Una medida que además de atentar contra los derechos de libertad ideológica y de trabajo, demuestra que todos quienes no apoyan podrían sufrir represalias de su gobierno, pues si hoy es contra funcionarios públicos, nada garantiza que mañana pueda ser con otros ciudadanos.

El asunto de recolección de firmas y los procesos de consulta es un arma de doble filo y debemos analizar cómo se la está utilizando en nuestro país. En Venezuela, es la oposición que buscar quitarle el mandato a Maduro y convocar a nuevas elecciones. Ante ello, el presidente genera un sinnúmero de artimañas para prolongar la convocatoria a referendo, pues si se lo hace antes del 10 de enero de 2017 y pierde (como es inevitable), habría elecciones, mientras que si es después de esa fecha, lo sustituiría el vicepresidente: el control del chavismo sería hasta el 2019.

Recolectar firmas o proponer consultas populares en medio de una campaña electoral puede resultar poco prudente, pues debemos preocuparnos exclusivamente en los proyectos de gobierno que propongan los candidatos para superar los problemas que nos agobian día a día. Antes de permitir, opinar o firmar, debemos preguntarnos ¿a quién favorece esta consulta?, ¿puede esta firma perjudicarme en el futuro? (O)