Todo esfuerzo dirigido a favorecer y procurar beneficios será siempre plausible, por la misma voluntad para ayudar, en cualquier ámbito; pero la sola intención no es suficiente, se requiere que tal esfuerzo se revierta en resultados trascendentes y no quede solo en intenciones anodinas.

El proyecto de Ley Orgánica de Incentivos Tributarios es una idea positiva, pero no relevante para motivar la reactivación de los sectores productivos, que es la aspiración final. Hay cosas más importantes que corregir y cuya implementación influiría más rápidamente a nuestros propósitos de rehabilitación. Tal vez se debería empezar por eliminar los obstáculos y trabas que están entorpeciendo y desalentando dichas actividades productivas; como las exageradas tasas arancelarias, los impuestos a la salida de capitales, las restricciones a las importaciones, o la ignominia del anticipo del impuesto a la renta, entre otros.

Diferentes propuestas podrían ser un mejor acicate para la rehabilitación, por ejemplo la reestructuración de las políticas de financiamiento bancario, especialmente de la banca estatal. Es obvio que ahora mismo el Gobierno no cuenta con capital adecuado, pero siempre se pueden conseguir líneas de crédito de países desarrollados e instituciones multinacionales que fomentan el desarrollo de las actividades productivas; y debemos estar preparados para que cuando llegue el momento podamos favorecer con justicia a todos los sectores productivos necesitados, grandes y pequeños, pero con una aplicación efectiva y congruente con las características de cada actividad.

Lamentablemente los actuales procedimientos para financiamiento tienen falencias importantes, manteniendo una visión retrógrada, elitista y discriminatoria. Parecería que toda la estructura, lineamientos y objetivos hayan sido elaboradas con el único propósito de salvaguardar el retorno del capital colocado, sin importar que el proyecto financiado pueda cumplir el propósito planificado. Esta posición se agrava cuando se trata de financiamiento estatal, pues se supone que los gobiernos deben fomentar y facilitar el desarrollo del sector productivo, priorizando el capital humano por sobre el económico.

Pero se exigen garantías reales con cobertura mínima por sobre el valor del préstamo, apostando a la ejecución legal como estrategia primordial para la recuperación del capital, sin siquiera valorar las proyecciones de los ingresos que generará la actividad financiada, y que es con lo que realmente se debería contar como forma de repago.

Ahora bien, respaldar los préstamos con bienes reales es necesario, por eso se hipotecará el predio y las edificaciones programadas en el proyecto; además está todo el equipo y maquinaria por adquirir, que serán también prendados. Estas son garantías reales que se deben constituir obligatoriamente, pero eliminando esa abyecta condición de cobertura mínima.

Además se exigen garantes y codeudores con calificación de solvencia comprobada, pero se olvidan que el entorno económico y social del campesino, del indígena y de los nuevos profesionales incluso, no les permite cubrir semejante condición; ¿acaso no merece ser financiado un proyecto técnicamente viable, solo por no tener padrinos poderosos?

Las normas del financiamiento CFN determinan que los proyectos de expansión y reinversión, es decir establecidos y generando ingresos y utilidades, recibirán el préstamo por hasta el 100% del proyecto, mientras que los proyectos nuevos que todavía no han empezado a generar ingresos, apenas recibirán hasta el 70%. Esto significa que a quien tiene mayor facilidad para afrontar una aportación personal, se lo excusa y se le concede el valor total, pero a quien tiene un proyecto para iniciar apenas una actividad productiva que todavía no genera ingresos, se lo arrincona contra sus carencias económicas y se le obliga a una aportación personal abusiva, que resulta discriminatoria.

Después se establecen los flujos de las obligaciones utilizando tablas de amortización obsoletas, que no consideran el lineamiento incremental de la capacidad de producción, ni el flujo de generación de ingresos de la actividad, provocando indefectiblemente un desfase económico que impulsará un déficit sostenido durante los primeros ciclos productivos.

Señor presidente, reactivar el aparato productivo nacional es una urgencia y hay muchas vías que cubrir, pero es insoslayable implementar un programa de financiamiento, justo, técnico y democrático; sin elitismos.

De entre los considerandos argumentados en el Proyecto de Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para Varios Sectores Productivos, haré alusión al artículo 283 de la constitución, que determina que: “el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como principio y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.

Esas son sus palabras señor presidente, y esta es una gran oportunidad de sostenerlas. (O)

El proyecto de Ley Orgánica de Incentivos Tributarios es una idea positiva, pero no relevante para motivar la reactivación de los sectores productivos, que es la aspiración final. Hay cosas más importantes que corregir y cuya implementación influiría más rápidamente a nuestros propósitos de rehabilitación.