La política discrecional es aquella que aplican los gobiernos para influir en los ingresos o gastos públicos. Tienen la ventaja de que pueden actuar directamente sobre los problemas, pero el inconveniente es que suelen tardar mucho, debido a que los trámites requieren de un proceso de aceptación demasiado largo.

Además, estas políticas tardan en conseguir sus objetivos y no siempre se llega a los resultados esperados. Hablamos de programas de obras públicas, cuyos objetivos son incrementar el empleo y mejorar las infraestructuras del país; tienden a tardar meses o años su autorización y posteriormente no se valoran los residuos de la obra, es decir, no hay un control del material que se utiliza, ni siquiera porque nuestro país está pasando por momentos de recesión, además de tener varias ciudades que están en reconstrucción, gasto con el que no se contaba antes del terremoto del 16 de abril.

Aun así no se ha logrado que este tipo de procesos sean más eficaces; a pesar de tener planes de empleo y formación se sigue fallando en la selección de personal en el ambiente público, muchos de ellos no tienen por objetivo brindar esa atención que se requiere; se supone que este tipo de programas deberían de favorecer a todos y no es el caso del sector público del Ecuador. (O)

Gema Calderón Coronel, estudiante, Guayaquil