Las legislaciones nacionales e internacionales siempre han sido débiles en el control de lavado de activos, el delito se ha mantenido y cobrado fuerza en épocas en las que la corrupción ha hecho presencia. Obtener dinero fácil estafando, robando, defraudando al fisco, chantajeando o a través del crimen organizado, contrabando, drogas, tráfico de menores o de órganos humanos, es cosa de todos los días. El dinero así obtenido, por actos que corrompen, se inserta en la economía normal, lavándolo para que simule ser de legítima procedencia... Hoy existe una gama casi infinita de posibilidades para “invertir ganancias”, de suerte tal que camufladas en aparentes negocios exitosos, circulen y evadan los controles jurídicos.

La Asamblea Nacional en una acción que merece la pena rescatar, en un nuevo intento por controlar el lavado de activos aprobó un proyecto de ley que obliga a los operadores financieros, courier, cooperativas, comerciantes, etcétera, a reportar a las autoridades todo tipo de transacciones que sobrepasen los $ 10.000. Esta nueva ley estipula la existencia de mecanismos más operativos, apoyados en los avances tecnológicos para detectar propiedades, posesión de dineros, corretajes fraudulentos, transferencias de elevados montos, conversión o cambio de monedas, chulqueos, etcétera. Esperamos que este experimento legislativo, por lo menos, amedrente a quienes sin menor escrúpulo siguen estafando a los ciudadanos…, enriqueciéndose a través de la ley del menor esfuerzo. (O)

Eugenio Morocho Quinteros, arquitecto; Azogues, Cañar