El lunes 20 de junio, en las angustias de las llamadas contribuciones solidarias, un ciudadano de ingresos medios, desesperado por no tener cómo fondear la primera cuota, en el Banco del Pacífico, me dijo: “No entiendo, cómo un gobierno insolvente, el más moroso de los últimos años, en lugar de racionalizar el gasto público y programar pagos, aun cuando sea con atrasos, privilegia insultar y entrar en conflicto con opositores, empresarios, medios de comunicación y militares”.

Recordé a Joseph Goebbels, el genio de la propaganda y la publicidad del nazismo, que en sus primeros años se declaraba marxista: “El movimiento nacionalsocialista tiene un solo maestro: el marxismo”.

Es que usualmente, para los que tuercen las ideas, la matriz es la misma, explotar el fermento de odios y prejuicios, para sustituir en el absolutismo a quienes antes tacharon de ejercerlo, a veces pactando con segmentos de ellos, utilizando para el efecto al Estado –lo que incluye la práctica de la corrupción, como vemos en Brasil, Venezuela y Argentina, en los llamados socialismos del siglo XXI, y aun en China y Rusia–, lo cual no significa que los socialistas o marxistas siempre sean acomplejados, odiadores o corruptos, perversiones que también se han dado en las llamadas formas liberales.

Entre los principios que proponía Goebbels estuvo el de agregar temas a lo público, no importa cuan falsos o rebatibles sean, “lo importante es distraer y trasladar el interés a otras materias”.

El “subalterno”
Así calificó el presidente, semanas atrás, al comandante general de la Marina, vicealmirante Sarzosa, a quien cesó el 22 de junio.

Recordemos: El presidente Correa, en la sabatina del 14 de mayo de 2016, expresó: “En la Base de Jaramijó hay un liceo naval. (…) Hay casi 30 de estos colegios militares, subsidiados con fondos del Estado (…) no podían entrar los hijos de los tripulantes, solo los de los oficiales. Pregunten a la tropa…”.

A lo ofensivo de la imputación, Sarzosa, en el cargo desde el 5 de febrero de 2016, después de sustentar que eso no era cierto, “la cantidad de hijos de los tripulantes que cursan en los liceos navales, tanto de Quito como de Guayaquil, llegan a sextuplicar al número de hijos de los oficiales”, usó palabras de irritación al pedirle al ministro de Defensa que “se digne exigir la rectificación de la información difundida por el presidente de la República en el último enlace ciudadano, así como conminar a quienes preparan las informaciones que son emitidas públicamente que se basen en información previamente verificada y contrastada de manera oficial, a fin de evitar inducir al cometimiento de errores a las autoridades del Gobierno, las mismas que adicionalmente generan malestar al interior de las FF.AA.”. La respuesta inmediata del presidente fue: “Yo no voy a ponerme a discutir con mis subalternos”.

Pero, más atrás, estaba la presión sobre los mandos militares integrantes en el Directorio del Issfa para privarle de más de $41 millones por los terrenos de Los Samanes, que había motivado la separación de los anteriores mandos militares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reemplazados en febrero de 2016, en espera de que los designados entonces, entre estos Sarzosa, en reemplazo de los separados, consientan en esa privación.

Los mandos designados en febrero de 2016, hasta el 22 de junio, no habían autorizado el despojo de ese valor. ¿Será que se espera que los mandos se asusten y realmente actúen como “subordinados” para consentir en el despojo?

Se repite la frase “el personal militar debe ser obediente y no deliberante” (art. 159 de la Constitución), pero no se trata de obediencia ciega, sino en el marco y en la condición esencial del respeto de sus derechos fundamentales y los de los ciudadanos. El mismo artículo señala que serán responsables por sus órdenes y actuaciones: “La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten”.

El personal de oficiales y tropa en servicio pasivo tiene claro lo ilícito e ilegal que sería el allanamiento de los mandos militares a perjudicar al Issfa y la responsabilidad personal y pecuniaria que asumirían aquellos, de privilegiar ser “subordinados” antes que defender su honor y los recursos de su seguridad social, legal y lícitamente recibidos, que es la de todos sus compañeros. También parece que lo tienen los que están en servicio activo.

La prohibición hipócrita
La Ley de Comunicación prohíbe la identificación en los medios de las personas que están en indagación o procesamiento por infracciones penales. Por eso, los lectores solo ven las iniciales en las informaciones de los medios.

En los hechos, en las vías alternativas de comunicación, correos, mensajes, Twitter, Facebook, circula la información prohibida.

Por eso, por ejemplo, se conoce el supuesto escandaloso caso de lavado de dinero haciendo aparecer exportación de oro, que se ha publicitado en los últimos días, aun cuando en los medios como apellido de algunos de los principales procesados solo aparece la letra “M”, caso en que los vínculos externos serían los mismos de los que manejan comisiones multimillonarias en las ventas anticipadas del petróleo a producirse en el Ecuador hasta el 2026. En una de las residencias allanadas, al día siguiente, iba a festejarse un matrimonio al que estaban invitados el presidente de la República y otros altos funcionarios de su entorno.

A los que sí se puede empapelar
Es a los contradictores del Gobierno, con nombres, apellidos y seguimientos. Ahí están los tachados de estar al servicio de la CIA. En el caso de mi sobrina Martha Roldós Bucaram le publican dos fotos en que está con otras personas, una en una cafetería en Guayaquil, otra en la misa del 24 de mayo de 2016, en recordación de sus padres, Jaime y Martha, y los compañeros de vuelo en la tragedia de 1981. ¿Dónde está el respeto a la privacidad?

La satanización
Es a los que tienen bienes, depósitos u otros activos en el exterior respecto a los cuales, de estar en regímenes de paraísos fiscales o de países de menor tributación, en la ley llamada de solidaridad y corresponsabilidad por el sismo del 16 de abril de 2016, se los despoja de toda reserva; y se les amenaza con una consulta popular a realizarse el mismo día de las elecciones de febrero de 2017, para que nunca puedan acceder a un cargo de elección popular.

Doble propósito: intervenir con dinero del Estado en la campaña electoral, supuestamente por la consulta; y, segundo, hacer campaña contra el candidato Guillermo Lasso, que públicamente ha admitido tener inversiones en el exterior y las ha declarado, aun antes de los llamados Panama Papers. Alguien decía: “Lasso habla demasiado, hasta contó cuando tuvo contacto con el candidato Rafael Correa, en su tiempo”.

La corrupción del poder no depende de paraísos fiscales, y estos no siempre significan corrupción. Transparencia y no ocultación, donde quiera que estén recursos y otros bienes es lo esencial.

¿La corrupción de los entornos del poder podrá perseguirse en el Ecuador, como parece que se está dando en Brasil y Argentina? (O)

...para los que tuercen las ideas, la matriz es la misma, explotar el fermento de odios y prejuicios, para sustituir en el absolutismo a quienes antes tacharon de ejercerlo”.