En mayo entraron en vigencia los impuestos a las bebidas y telefonía empresarial, que recaudarán $ 41 millones mensuales y financiarán el incremento en el rol de pagos del sector público.

En junio entra el alza del IVA, el impuesto adicional al salario y aquel al patrimonio, entre otros, supuestamente para atender la emergencia del terremoto, aunque ya hay desembolsos de los organismos multilaterales que cubren el costo fiscal de la crisis.

En julio, entra la prórroga de la salvaguardia; el recargo arancelario a las importaciones, incluso de bienes de capital para la producción, no irá a devolver los impuestos a las exportaciones sino a financiar el gasto burocrático.

En su Informe a la Nación, el presidente anunció dos nuevos impuestos, una elevación del ya considerable impuesto a la herencia y otro adicional a la plusvalía. Habrá un recorte simbólico del gasto público, unas pocas entidades, de las cuales una que no debería irse, la Secretaría Técnica de la Superintendencia de Poder de Mercado.

Lo que nos espera: un año más de impuesto tras impuesto, con el objetivo de mantener el gasto burocrático a expensas de la población no cobijada en el presupuesto. Para los trabajadores por cuenta propia, menos trabajo e ingresos, y más impuestos. Para los empleados privados, empleo en peligro y más impuestos. El objetivo de preservar el empleo público se justifica si se trata de maestros, policías y otros que sirven a la ciudadanía; mal en cuanto favorece a la obesa administración central.

El vicepresidente y postulante a la candidatura presidencial de Alianza PAIS sigue soñando con la Refinería del Pacífico. Lo que trasciende es que se busca financiamiento de un consorcio chino-coreano. De concretarse, la deuda pública externa escalaría a niveles insostenibles, en aras de un proyecto muy riesgoso. Si quieren la refinería, vendan el proyecto: que una multinacional privada o estatal china la construya para convertirla en centro regional de servicios petroleros. Pero no se conoce que haya tal interés, que lo hubiera habido años atrás cuando se inició el hoy agotado auge petrolero.

Todo gobernante recurre al Informe a la Nación para destacar su desempeño. Pero nuestras máximas autoridades describen un país muy distinto de aquel en que viven, angustiados, los ecuatorianos que no gozan del amparo del Presupuesto del Estado. Los gobernantes pudieron dedicar unos pocos minutos de sus extensas alocuciones a evidenciar que se percatan de la existencia de una crisis, y esbozar alguna salida.

Por la falta de ingresos petroleros está deprimida la inversión estatal, por lo tanto hay menos liquidez y menor consumo de hogares. Lo que cabe es favorecer las exportaciones, así como el ingreso de capitales privados para la inversión. Todo lo contrario, el presidente retoma su hostilidad a la empresa privada. Incluso desechó la cautela que exhibió en los últimos meses respecto al sistema financiero: “Yo no confío en los bancos privados”, sentenció mientras promovía la moneda electrónica que gestiona el Banco Central.

Estamos abocados a un año en compás de espera. El arranque de una política de reactivación nacional se pospone al próximo 24 de mayo. (O)