Durante las recientes semanas, entre las réplicas sísmicas, la creación de más impuestos y el increíble lanzamiento de esa suerte de patacón electrónico, se han venido dejando caer aquí y allá ciertas ideas que cuando son examinadas de cerca es fácil concluir que se trata de un intento de perfumar con aroma de impunidad los fétidos olores que comienzan a salir por doquier.

Allí está, por ejemplo, aquello de que yo nunca conocí quién era el gerente de la empresa estatal petrolera; dicho con todo desparpajo luego de que, gracias a investigaciones de un periodista, se descubrió que el supuesto desconocido había montado una red de corrupción; que el responsable de la empresa estatal más importante del país llegó a ese cargo sin que nadie se enterara quién era, ni de dónde vino, ni qué hacía, ni a quién respondía, ni cómo se llamaba, son argumentos similares a los de Dilma Rousseff en Brasil ante la corrupción destapada de Petrobras. Y por ello es que fue destituida realmente. ¿Formará parte de la sintaxis de la impunidad esto de que “yo nunca lo conocí”, cuando en el futuro se investigue dónde fueron a parar los 300 mil millones de dólares que recibió el Estado?

Igual de increíble es el argumento que viene construyéndose para justificar el despilfarro. Ahora resulta que el despilfarro es una decisión “política” que no está sujeta a control y menos a sanción alguna. El error es tan evidente como la intención de dejar semejante conducta en la impunidad. El despilfarro es una forma de abusar de los fondos públicos, producto de un abuso de autoridad. Despilfarrar el dinero propio es ciertamente un acto reprochable moralmente. Así nos lo recuerda la parábola del hijo pródigo de los Evangelios. Pero despilfarrar dineros ajenos, como son los fondos públicos, no solo es reprochable moralmente, sino que es una seria infracción. El alto funcionario que opta por despilfarrar o tolerar el despilfarro de fondos públicos, contratando obras o servicios innecesarios o pagando más de lo que valen, no comete una indelicadeza o un inocente error, ni puede excusarse diciendo que fue una decisión política, y como tal no justiciable. Hace rato que el derecho abandonó semejantes ideas.

La conducta se torna más grave cuando ese abuso de fondos públicos vino facilitado por la adopción previas de medidas legales o administrativas. Ese es precisamente el argumento del juez federal Claudio Bonadio en su reciente auto procesando penalmente a Cristina Fernández. La causa fue abierta por las enormes pérdidas que sufrió el Banco Central debido a generosísimos contratos de futuro suscritos para evitar la devaluación, o mejor dicho para evitar que ella le estallara a Cristina. En su extensa decisión, el juez concluye que esas ingentes pérdidas de fondos públicos se vieron facilitadas por la desinstitucionalización del Banco Central, la cual fue orquestada desde la Casa Rosada y que incluyó, entre otros, la merma de su autonomía. Bonadio encuentra allí razones suficientes para procesar penalmente a la expresidenta. (O)