La expresidenta de Argentina Cristina Fernández fue acusada formalmente por el delito de administración fraudulenta, en el marco de unas operaciones con dólar a futuro del Banco Central, que causaron millonarias pérdidas al Estado.

El juez Claudio Bonadío, quien inició el procesamiento, lo hizo por considerar que la operación que el Banco Central realizó en septiembre pasado, en que vendía dólares a futuro a 10,50 pesos, cuando la cotización en ese momento era de 9,50, no podía realizarse “sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económica y política del Poder Ejecutivo Nacional”. También procesó a funcionarios y exfuncionarios. La exmandataria también está imputada en una nueva investigación en otro caso, por el delito de cohecho.

Los argentinos están divididos, los kirchneristas creen que las razones para el proceso son políticas y no legales y la oposición respalda a los jueces. Lo importante es que la justicia actúa cualquiera que sea la posición política del acusado, lo cual servirá para que se declare la inocencia o la culpabilidad del procesado. Pero eso solo es posible cuando se respeta la independencia de cada uno de los poderes del Estado.(O)