EL SECTOR EMPRESARIAL ha planteado la inconstitucionalidad del impuesto del dos por mil, que grava a las empresas del cantón Guayaquil. Este impuesto fue creado en 1945 con fines específicos, derogado en el 2014 y revivido en la Asamblea en la Ley de Alianza Público Privada.

Los empresarios consideran que este impuesto, más las salvaguardias que se mantienen, les resta competitividad. En este caso, además, les preocupa que dificulte la negociación con la Unión Europea, aunque se ha asegurado que la salvaguardia por balanza de pagos es una facultad que quedó incorporada en la negociación del 2014, con los europeos. Entendidos en el tema han dicho que hay que revisar su compatibilidad con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

Son dos temas que crean preocupación e incertidumbre en el medio empresarial de Guayaquil, que teme que el sector y su contribución a la economía nacional se vean afectados. (O)