Con respecto a los tristes acontecimientos originados por el grave movimiento sísmico que afectó de modo especial a las provincias de Esmeraldas y Manabí, se discute sobre el manejo de los fondos que serán usados en el proceso de reconstrucción. Se ha mencionado con lucidez que el Gobierno no debe responsabilizarse de estos.

Las razones son obvias, la caja única o central tiene muchos e importantes requerimientos y en un momento dado la burocracia tomaría parte del dinero para destinarlo a otras áreas, aunque sea de manera momentánea. Lo sensato es crear una junta reconstructora con absoluta autonomía, que lleve adelante la tarea y haga los egresos, sea presidida por el obispo de Portoviejo, con voto dirimente, e integrada por los once últimos gobernadores de esta provincia. Aparte de la ventaja de un manejo más ágil de la maraña de trámites, y muchas otras; el señor presidente de la República preservaría su imagen política, a lo que tiene pleno derecho, al evitar las críticas y censuras de descontentos inevitables de los beneficiarios. En otros términos, se trasladaría la responsabilidad absoluta a los mismos interesados y dejamos indemne al presidente y sus colaboradores de sospechas de negligencia, de toma de recursos, de preferencias en adjudicaciones de contratos, etcétera. En la ley que establezca el organismo, debe incorporarse como excepción a la que rige a la Contraloría General del Estado, la especial obligación de que audite previamente todo cuanto se gaste. Los que tenemos edad para recordar que frente al terremoto de Ambato en 1949, el presidente Galo Plaza Lasso hizo la junta que estoy sugiriendo; a pesar de que su administración no manejó dinero, se produjo inconformidad y presunción de picardías que se querían endilgar a su administración.(O)

Jacinto Velázquez Herrera, doctor en Jurisprudencia; Guayaquil