La expresión es de un ecuatoriano, nacido en Manabí, que amaba profundamente a la patria y a su provincia, Pedro Zambrano Izaguirre, días antes de la posesión de Sixto Durán-Ballén –10 de agosto de 1992– que le ofreció a Pedro el Ministerio de Turismo. Perdió la vida en una tragedia aérea, cuando apenas tenía algo más de cuatro meses en el ejercicio del cargo, el 21 de diciembre del mismo año.
La razón de la expresión fue el comentario de un amigo que se quiso poner lógico, hablando de la producción y de la cifra poblacional, comparando a Manabí con otras provincias, señalando que era la tercera provincia del Ecuador. El argumento de Pedro fue que había y hay tantos factores que a un territorio y un conjunto social pueden proyectarlo a ser el primero, sin asfixiar ni privar de calidad de vida y de producción a los habitantes de otras jurisdicciones del país.
Conversábamos que mientras todos seamos factores de desarrollo, también todos nos beneficiamos. La equidad que se requiere es que todos valgamos más. Hundir en la crisis a todos, nunca será expresión de igualdad.
Varias circunstancias desde los años setenta nos habían acercado, generando una relación cotidiana, a pesar de la distancia territorial. Su responsabilidad de conducir con éxito El Diario de Manabí y otros medios de esa provincia, no lo limitaban en su pasión de pensar y actuar por un Ecuador a lo grande. Confió en mi criterio jurídico y me introdujo en muy importantes proyectos de su provincia siempre con visión de la dimensión de la patria.
Nunca convirtió alguna diferencia en abismo. Los medios de Ediasa –la empresa eje– estaban abiertos para todas las tendencias y corrientes.
Por eso, la propuesta de Durán-Ballén potenció en Pedro su pasión de ecuatoriano sin cansancio, para pensar y actuar.
Necesario es, entonces, recordar a Pedro cuando a Manabí, a Esmeraldas, y a otras jurisdicciones territoriales, que sufrieron el terremoto del 16 de abril de 2016, aún les falta la propuesta en que deben coincidir la sociedad civil, los gobiernos autónomos seccionales y el Gobierno nacional, para que la Patria sienta que los que tienen espacios de poder sí cumplen su primer y esencial deber: ser consecuentes con los ecuatorianos que requieren seguridad jurídica y económica, a fin de que haya libertad, trabajo y producción.
Estado versus ciudadanía
La confrontación no es posterremoto. Ya estaba exacerbada antes del 16 de abril.
De un lado el Gobierno que sostiene que el eje, el motor, el condicionante de todo debe ser el Estado. Del otro lado, importantes sectores de la ciudadanía que respetan al Estado y al gobernante, pero que creen que el desarrollo solo da resultados coincidentes cuando el conjunto social interviene y es tomado en cuenta y respetado por el Gobierno.
En la línea del estatismo, en un foro en el Vaticano, el 15 de abril –víspera del terremoto– el presidente Correa fustigó a la sociedad civil organizada, tachándola de peligrosa –se refería a las ONG, a las cámaras empresariales, a los sindicatos–, señalando que los medios de comunicación de inversión privada son la peor afectación para la democracia.
Las secuencias de quienes han seguido o siguen un modelo estatista –sea fascista, comunista o de otro membrete del siglo XX o del XXI– solo tienen matices. Ha sido afectar severamente a la empresa privada, que genera trabajo consistente y duradero. Luego por subsidios u otras vías ofrecer mínima calidad de vida en los sectores pobres –oferta que no siempre la cumplen–, mientras que los entornos gobernantes se enriquecen en el goce sin control de la corrupción.
Argentina y Venezuela son ejemplos de tiempo reciente. En Brasil, una parte del alto empresariado pactó con el Partido de los Trabajadores (PT) –también lo había hecho con otras fuerzas políticas–. Lula pasó a ser su principal promotor en los negocios internacionales, incluyendo al Ecuador, él vino a negociar el retorno de Odebrecht.
China, el país prestamista de créditos no baratos y además colateralizados con petróleo, que se hacen aparecer como “preventas” para no registrarlos como deuda pública, cuando la Revolución Cultural, todos debían vestirse iguales, se regulaba hasta las condiciones de las relaciones íntimas de parejas, como política de control de la reproducción, criminalizando su infracción. Reclamaron –con derecho– la posesión soberana de Hong Kong y la consagraron como “paraíso tributario”. Alguien decía “su propia lavandería”. Hoy China es el país de más multimillonarios. Siempre recordar: “Sacristán que vende cera sin tener cerería, ¿de dónde pecatas meas, si no es de la sacristía?”.
Más castigo a la ciudadanía
Antes del 16 de abril de 2016 la crisis fiscal se percibía que arrastraba a la economía. Un Estado en una virtual situación de suspensión de pagos, casi todos diferidos, sea por transferencias, sea por pago de facturas, acumulaba toda la liquidez que podía, a costa de los sectores privados. La desocupación se profundizaba.
Con el terremoto, se abría una oportunidad de una gran concertación. La sociedad civil evidenció una solidaridad ejemplar, el Gobierno quedó a la zaga por muchas horas. Habrá tiempo para reconocer lo que se hizo de uno y otro lado, También lo funesto de horas que se perdieron y de equivocaciones en órdenes de prioridad.
El Gobierno prefirió profundizar la confrontación enviando un paquete de ley que no estimula la inversión sino que atemoriza más por el impacto del castigo a la economía que conlleva, cuando ser consecuente con la actuación de la sociedad civil habría podido significar que todos sumen sus ahorros por veces sobre lo que puede significar la persecución tributaria.
El cuento de una sola vez, o solo doce meses para un incremento tributario, se vuelve muy difícil de creer. En el caso del impuesto patrimonial, aun cuando se mencione la base de un millón, lo más grave es la estructura que conlleva al incluir que se entiende por patrimonio, de modo que luego simplemente bajarán la base tributaria a los 200.000 dólares que ya se mencionó en la Asamblea de Montecristi. Todos los ciudadanos con $ 200.000 o más de patrimonio no deben tener duda de que serán los próximos en recibir el castigo tributario.
Los costos de la mora tributaria –cuando mucha gente no puede pagar los impuestos no porque no quiere, sino porque no puede– entre multas e intereses, a cifras de abril del 2016, se van al 52,8% (4,4% mensual), un atraco en dolarización.
Romper la nuca del empresariado ecuatoriano, ¿será hacer la concertación nacional? (O)
La equidad que se requiere es que todos valgamos más. Hundir en la crisis a todos, nunca será expresión de igualdad.