La tarea de reconstrucción necesita de consensos que permitan financiarla, implementarla rápidamente y sostenerla en el tiempo. También requiere del apoyo de los actores involucrados, junto a un juicio honesto de la realidad. Una catástrofe saca lo mejor de nosotros, sobre todo un genuino deseo por apoyar a las zonas afectadas para rehacer las comunidades de forma rápida y efectiva. Ello debería en principio facilitar los acuerdos. Pero ese ideal choca con los problemas en la toma de decisiones, con la disonancia entre los llamados a la unidad y el tono confrontacional del discurso, y con la existencia de un entorno económico en crisis y con un fisco en déficit. La realidad, por desgracia, también nos habla de un país fracturado políticamente, que ha perdido la capacidad de generar acuerdos nacionales, y en donde la sospecha sobre el que piensa distinto prima, particularmente en un año electoral.

Sin embargo, la prioridad sigue siendo la misma. Necesitamos recursos para sostener la reconstrucción, en una tarea que llevará años y varios gobiernos, empezando por el actual. Pero que debe ser continuada por otro, sea de Alianza PAIS o no. Por lo mismo, necesitamos acuerdos mínimos y apertura de todos los actores. También requerimos que se hable desde la realidad. Si no hay recursos, por la ausencia de ahorros fiscales y la crisis económica, hay que obtenerlos ya sea endeudándose, incrementando impuestos, ajustando al fisco o a través de combinaciones de estas opciones. Por ende, la economía política es tan importante como la ejecución. La oposición debe saber que los impuestos son necesarios, porque son rápidamente recaudables y porque permiten una base más permanente para sostener la reconstrucción. Pero el Gobierno también debe asumir que tiene responsabilidad en la crisis fiscal y que después de las alzas de impuestos propuestas en marzo y su renuencia para ajustarse, debe dar gestos de corresponsabilidad con el peso que está cargando el sector privado. Finalmente, necesitamos una sociedad civil emporada. Ya hemos visto la fuerza de ese capital social movilizado, que nos reconectó con la verdadera patria grande: la que sentimos profundamente y nos une a todos los ecuatorianos, sin necesidad de un eslogan político. Y que, además, es lo único que queda en el largo plazo para continuar con los proyectos-país, porque los gobiernos son transitorios.

La economía política en las tareas de reconstrucción exige altura de miras de todos los actores políticos y sociales. El caso chileno durante el terremoto-maremoto de 2010 es paradigmático. La tragedia ocurrió al año siguiente de que la economía chilena se contrajera 1% por la crisis financiera internacional. La catástrofe generó problemas de gestión en la alerta y organización de la ayuda, a pocos días de que el primer gobierno de Michelle Bachelet terminara su gestión. El momento histórico y político también era particular. A Bachelet la sucedía Sebastián Piñera, siendo la primera ocasión en que había alternancia entre gobiernos de signos distintos desde el fin de la dictadura de Pinochet. Esto dejaba abiertos posibles conflictos. Por un lado, la coalición de derecha de Piñera podía utilizar políticamente los errores que cometió la administración Bachelet para sacar ventajas políticas. Por otra parte, la centroizquierda podía obstruir y quitar margen de acción al nuevo gobierno.

Nada de eso ocurrió. Bachelet empezó la tarea de ayuda y rescate sin tomar medidas sobre el financiamiento de la reconstrucción, decisión que dejó a su sucesor. Piñera, a su vez, tuvo el tino de no utilizar políticamente los errores del gobierno anterior en la crisis del terremoto, para centrarse en lo urgente: empezar la reconstrucción. La administración Piñera ideó un plan que sumaba recursos de los ahorros fiscales que dejaba el gobierno de Bachelet, emisión de deuda, aumento temporal de impuestos a la minería, al tabaco y al capital industrial, junto con exenciones tributarias a las Pymes. También reasignó partidas del presupuesto fiscal hacia la reconstrucción.

Para aprobar las medidas, Gobierno y oposición participaron en una comisión mixta en el Parlamento, que finalmente alcanzó un acuerdo en julio de 2010. A los compromisos políticos, se sumó la participación activa de la sociedad civil, que se volcó mayoritariamente a apoyar las labores de ayuda a las víctimas y en la reconstrucción. Se organizaron colectas del tipo Teletón (Chile ayuda a Chile), las ONG trabajaron en terreno con las comunidades por varios años y grupos espontáneos de voluntarios, como Desafío Levantemos Chile, fueron tan efectivos que incluso después de reconstruir escuelas, casas y pequeños emprendimientos en las localidades afectadas, se convirtieron en fundaciones para apoyar a las comunidades más pobres.

Los chilenos nos deben servir de ejemplo. Por un lado, pusieron de lado las mezquindades políticas en aras de proyectar y financiar la reconstrucción. Por otro, entienden que es una tarea de todos, gobiernos y sociedad civil. Finalmente, confirman que el mejor llamado a la unidad es a través de la grandeza de miras y las acciones concretas. (O)

La economía política en las tareas de reconstrucción exige altura de miras de todos los actores políticos y sociales.