Los observadores políticos critican acerbamente a la Asamblea salida de Montecristi: no hay fiscalización. Tampoco análisis de los proyectos de ley o debate parlamentario. En vano se espera que la Asamblea recoja los criterios de los asambleístas de la oposición y de ciudadanos con conocimiento de causa para mejorar los proyectos del Ejecutivo. Se los aprueba sin chistar.

Pero ahora que Rafael Correa entra en su periodo de pato rengo, las cosas empiezan a cambiar. Sabiendo que el presidente no se presentará a la reelección, la disciplina legislativa empieza a flaquear. Lo vemos con el proyecto de reformas laborales.

Con la crisis petrolera el mercado interno se desinfla, las empresas venden menos y tienen que ajustar sus gastos. Despiden trabajadores, incluso muchos que han capacitado y quisieran retener. Pero si no hay ingresos para pagar sueldos, ni trabajo que hacer, tienen que prescindir de sus servicios.

Al presidente Correa, cuya política laboral consiste en reforzar los derechos de los trabajadores, al punto que hoy el Ecuador ostenta el récord mundial del costo de despedir empleados, no le ha quedado más que proponer una parcial marcha atrás. Un objetivo es facilitar la contratación de jóvenes inexpertos. El otro, que durante la duración de la crisis y por común acuerdo entre patronos y trabajadores, pueda reducirse hasta en una cuarta parte tanto la jornada laboral como la paga.

Bajo esta última propuesta, la administración puede proponer a sus empleados que dada la menor actividad, en lugar de despedir a la cuarta parte, reorganizarse de tal manera que, por ejemplo, durante los próximos seis meses, en lugar de trabajar ocho horas durante cinco días, trabajen diez horas durante tres y ganen proporcionalmente menos.

Esto solo puede ser de común acuerdo. Si los trabajadores no lo aceptan, la empresa liquida a los empleados que ya no requiere. El patrono que imponga la reducción tanto de la semana laboral como la paga, se arriesga a que tarde o temprano le caiga un juicio laboral que perderá.

En el proyecto resalta una disposición inconveniente: no basta que trabajadores y administración acuerden; se requiere un trámite en el Ministerio del Trabajo. Mientras tanto, el acuerdo queda en compás de espera.

La Asamblea tiene la oportunidad de eliminar esa disposición. Pero de las declaraciones de los asambleístas de AP se desprende todo lo contrario, van a incorporar al menos siete requisitos más. Las empresas deberán contratar estudios económicos para demostrar su menor necesidad de trabajadores; reducir los sueldos de los ejecutivos; de haber utilidades, recibirán el 15% los trabajadores, el 22% el fisco, pero cero los accionistas. Bajo ciertas condiciones, deberá pagarse retroactivamente a los trabajadores por las horas no trabajadas.

Los asambleístas proceden como si el objetivo del proyecto de ley fuera otorgar prebendas al empleador, cuando lo que se busca es motivarlo para que no despida.

Con tanto trámite y condiciones, los empleadores considerarán inaplicable la ley y procederán a despedir, para volver a emplear cuando y si es que la economía se recupera.

¿Queríamos una Asamblea deliberante? Ya la tenemos. Resulta que antes estábamos mejor. Que regresen los alzamanos. (O)