Por: Santiago J. Bucaram Villacís

A finales de 2015 varios analistas expresamos nuestro desacuerdo con respecto a los supuestos macroeconómicos utilizados para la Proforma Presupuestaria 2016. En específico, indicamos que era demasiado optimista asumir para el 2016 un precio promedio para el petróleo de $ 35/barril y una tasa de crecimiento económico del 1%. Este excesivo optimismo es un error que pudiera obligar al Gobierno a realizar ajustes fiscales dolorosos a mitad del año.

Entre estos dos supuestos el más preocupante es el relacionado con el crecimiento de la economía, puesto que como el Gobierno lo ha manifestado, los ingresos fiscales de 2016 dependerán esencialmente de la recolección de impuestos, y estos a su vez dependen del desempeño de la economía. De ahí que asumir un crecimiento positivo mientras otros predicen niveles negativos (ej. Banco Mundial: -2%, Merril-Lynch: -4,4%, Credit-Suisse: -2,5%) nos lleva a sospechar que el Gobierno estaría sobreestimando sus ingresos fiscales. Esta sospecha ya ha comenzado a materializarse, puesto que las cifras oficiales muestran que para enero de 2016 los impuestos devengados sumaron tan solo $ 1.221 millones, 19% menos que en enero de 2015.

Pero el problema no es tan solo utilizar supuestos irreales para la elaboración del presupuesto. El verdadero problema radica en que el Gobierno o sigue viviendo en un mundo paralelo en donde las cosas están perfectas, o sigue negando la realidad de la economía ecuatoriana por motivaciones políticas. Sea lo uno o lo otro, el resultado es el mismo, una peligrosa inercia gubernamental que ha impedido la formulación de políticas que reviertan la tendencia negativa del crecimiento de la economía, así como de los ingresos fiscales.

La solución más sensata para remediar esta situación sería formular políticas enfocadas en reactivar el aparato productivo ecuatoriano privado; el cual se encuentra en emergencia no solo por la contracción de la demanda y el crédito, sino también por las políticas tributarias y comerciales que mantienen asfixiado su accionar. Entre las políticas que pudieran aplicarse están aquellas que sugerimos un grupo de académicos ecuatorianos a través de un comunicado, en octubre de 2015, destacándose las siguientes propuestas: reducir la carga impositiva del sector productivo; eliminar las salvaguardas y cualquier otra política comercial distorsionante; reducir el impuesto a la salida de capitales; aumentar la flexibilidad laboral; y por sobre todo, que el Gobierno evite dar declaraciones negativas en contra del sector privado.

Al día de hoy, no solo que el Gobierno no ha seguido nuestro consejo, sino que, por el contrario, ha exacerbado su posición provocadora y pendenciera en contra del sector empresarial privado, aumentando su nivel de pesimismo. Un ejemplo de las consecuencias de este pesimismo ha sido el deterioro de las expectativas futuras del sector, lo que ha generado que actualmente dos de cada tres empresas estén analizando posibles reducciones de personal, pudiendo esto producir un efecto funesto sobre la economía de los segmentos más vulnerables de la sociedad.

Es imperante que el Gobierno comprenda que los problemas del sector privado no se solucionan con actitudes beligerantes en busca de absurdas luchas de clases, sino con políticas pragmáticas que reconozcan que la economía se mueve gracias a las iniciativas privadas de inversión y producción.

Al día de hoy, no solo que el Gobierno no ha seguido nuestro consejo, sino que, por el contrario, ha exacerbado su posición provocadora y pendenciera en contra del sector empresarial privado, aumentando su nivel de pesimismo.

* Ph.D., director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. (O)