Los sucesos en nuestra vida política y social nos llevan muchas veces a mencionar las leyes o a pedir que acciones y decisiones se atengan a ellas.

Más allá de los conceptos técnicos, podríamos decir que son normas que responden a las necesidades de la comunidad, que permiten, exigen o prohíben algo, fundamentadas en la justicia y en el bien de la sociedad.

Desde que los seres humanos se organizaron como grupos tuvieron reglas y miembros de la comunidad que dirimían los conflictos que se presentaban. Pero lo, hasta ahora, aceptado es que fue Hammurabi, rey de Babilonia, quien ordenó redactar y difundir entre las personas lo que se conoce como el Código de Hammurabi, a quien, además, se le atribuye la idea de que la aplicación del Código debía servir para “disciplinar a los malos y evitar que el fuerte oprima al débil”. Lo pensaba diecisiete siglos antes de Cristo.

Más tarde, los griegos recopilaron las leyes orales y las pusieron por escrito, intentando frenar las quejas del pueblo ante la arbitrariedad de los jueces. Los romanos tuvieron normas más estructuradas, basadas en los intereses de los ciudadanos y su vida en sociedad en muchos de sus aspectos: laboral, familiar, comercial y privados, y fue el emperador Justiniano quien nombró a diez expertos para que redactaran un nuevo código, que se conoce como Código de Justiniano y que mucho más tarde influyó en el Código Napoleónico en Francia a principios del siglo XIX, y este en algunas de las constituciones de América Latina.

Lo que antecede no es la historia completa del origen y evolución de las leyes, son solo datos indispensables para reconocer que las leyes que rigen en un Estado no son, no deben ser, producto de una improvisación, son el resultado de una historia de siglos que demuestra que son necesarias para la organización de la sociedad.

En el Ecuador, la primera Constitución, Ley suprema, que está por encima de cualquier otra norma jurídica y que es el antecedente de todas las leyes específicas, fue aprobada por la Primera Asamblea Constituyente, celebrada en Riobamba en 1830. Desde entonces hemos tenido 20 constituciones y la que nos rige es la del 2008, aprobada por los ciudadanos en consulta popular.

La Constitución y las leyes son de obligatorio cumplimiento y rigen por igual para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su función en la organización social y política del país. Las decisiones y acciones de las autoridades, empezando por el presidente de la República y los de las otras funciones del Estado, están sujetas a lo que las leyes determinan y solo pueden actuar en cumplimiento de las atribuciones que les conceden. Cualquier discurso, decisión o acción que esté fuera de lo estipulado por la ley es arbitrario y constituye un peligro para la convivencia social y la democracia, pues en el mundo de las arbitrariedades, todo es posible.

Si la ley, como puede ocurrir, es injusta o no responde ya a las necesidades actuales, lo pertinente es plantear su reforma, y para eso el propio marco jurídico determina el camino a seguir.

Los ciudadanos debemos tener claro que las leyes son el referente común que tenemos en un Estado y que tenemos derecho a exigir su cumplimiento, sobre todo a quienes nos gobiernan. (O)