En medio de la controversia surgida a raíz del cuestionamiento del negocio inmobiliario de los Samanes celebrado entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Ministerio del Ambiente, se disimula un forcejeo político con signos inusuales en nuestra reciente historia democrática; específicamente me refiero a la circunstancia de que si hace algunos años, un gobernante hubiese actuado de la misma forma que lo ha hecho el actual mandatario –sin perjuicio de la legalidad o no de sus actos–, muy posiblemente el conflicto tuviese a estas alturas otra escalada, con posiciones de hecho y demostraciones de fuerza capaces de poner en riesgo la estabilidad democrática.

Por supuesto, los tiempos han cambiado y las respuestas son diferentes: el enojo y malestar que ha ocasionado la decisión presidencial en las Fuerzas Armadas probablemente se canalice por otras vías, quizás insospechadas para la gran mayoría de ciudadanos. Señalo esto de manera especial, ya que hay otras formas de pasar la factura: ¿qué pasaría, por ejemplo, el día que el régimen llegase a requerir el auxilio militar para el control de jornadas de protestas?, ahí veremos qué sucede. Pero insisto en la reflexión: imaginen un evento similar hace 30 años, un débito de decenas de millones de dólares impuesto por un gobernante a una institución militar, jugando a las escondidas con el debido proceso. ¿Qué creen ustedes que hubiese ocurrido?

Por eso destaco la importancia de analizar la actual respuesta militar en términos democráticos, la que a su vez nos debería permitir lecturas adicionales al respecto: ¿es tan fuerte el poder del presidente de la República, o simplemente conoce el mandatario que dada la actual coyuntura económica del país, otra respuesta por parte de las Fuerzas Armadas se encuentra totalmente descartada? Sin embargo, me parece que la respuesta más cercana a la realidad se basa en el hecho de que los movimientos militares (de cualquier tipo) destinados a presionar o a influir a un gobierno determinado se encuentran en la actualidad fuera de todo contexto, no solo aquí sino en toda la región, a lo que se debe sumar la evolución en términos de obediencia democrática que en términos generales ha tenido el movimiento castrense en toda Latinoamérica.

Al día siguiente de la destitución del Comando Conjunto, no faltaron quienes empezaron a especular respecto de eventuales movimientos que evidenciarían el fuerte malestar en el interior de las Fuerzas Armadas. No dudo del malestar existente, el cual posiblemente se acreciente en las semanas venideras, pero lo más seguro es que el repudio fluya internamente, no con demostraciones externas de rechazo. ¿Qué es mejor para el país? En términos democráticos, definitivamente una institución militar obediente, pero también un “comandante en jefe” que sepa reconocer y aceptar los límites de sus facultades. Ya sabemos lo que cuesta. (O)