Se trata de la mayor obra pública en ejecución –el metro de Quito aún no cuaja– de un Gobierno Autónomo Descentralizado en la actualidad en el territorio nacional.

Su costo supera los 230 millones de dólares y es el mayor sistema de transporte público propuesto para Cuenca con una visión de al menos tres décadas.

El proyecto Tranvía Cuatro Ríos, que ejecuta la administración municipal, fue concebido en la administración del exalcalde Paúl Granda y que se mantiene en la actual administración de Marcelo Cabrera. Tiene el apoyo del Gobierno central y en los casi 22 kilómetros de recorrido se instalarán 20 estaciones para doce vagones circulando simultáneamente con un espacio de cuatro minutos entre ellos.

Quien ha circulado por la capital azuaya sabe que instalar un sistema masivo de transporte que recorra de sur a norte la ciudad será un aporte para disminuir la influencia nociva del parque automotor cuencano de casi 100 mil vehículos.

Claro que el proyecto ha tenido serios reparos, especialmente por su paso por el Centro Histórico, protegido por la Unesco por ser Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 1999; sin embargo, sigue adelante con sus cuatro objetivos propuestos como una forma de definir las funciones principales:

“1. Eficiencia. Brindar un transporte eficaz a los usuarios que requieren ir a su destino por rutas que actualmente están cargadas de congestión vehicular…

2. Articulación. Engranar distintos sistemas (para que) los usuarios puedan armar sus rutas con diversas y muy numerosas posibilidades...

3. Descongestión. Que los usuarios prefieran utilizarlo por sobre vehículos motorizados...

4. Cobertura. Eliminar la necesidad de rutas de bus… trasladando los recorridos de buses a vías y zonas a los que anteriormente no llegaban…”.

Pero el proyecto debe avanzar. Y sus ejecutores cumplir y honrar.

La prensa local ha difundido un informe de Contraloría con ciertos desfases e inconsistencias en la ejecución de obras, que si bien no son de mayor envergadura, se los debe resolver, enmendar, ajustar y cumplir en honor de la transparencia en la obra pública.

Nos referimos a lo que el informe denomina como “errores en la redacción de los contratos, multas por más de cuatro millones de dólares que el Municipio no aplicó y falencias en las obras… falta de designación de personal, falta de información económica, solicitudes de ampliación de plazos sin trámite, tramitación de planillas sin anexos, errores en las planillas y falencias administrativas…”

Dicho análisis especial cubre el periodo abril 2013-mayo 2015, y en varios espacios del informe alude a la paralización de obras.

Según el informe, “uno de los apartados que ocupa mayor espacio dentro del documento es el referente a la no aplicación de multas por retrasos en las obras. De acuerdo al informe, a la fecha de ejecución del examen hubo un retraso en los trabajos de uno de los consorcios de un 15,01 por ciento, por lo que debía aplicársele una multa de más 4,03 millones de dólares”. Aunque los descargos apuntan a que las multas no son aplicables porque “no se basan en un cronograma real que determine el avance de obras”.

La transparencia en la obra pública no admite omisiones. La aplicación de una alternativa de movilización también será una prueba a los valores.

Sin ninguna duda. (O)