En lo social y lo económico, pueden atenuar impactos en momentos críticos, pero también pueden disfrazar o encubrir situaciones graves, caso en que las consecuencias de haberse engañado con los parches son peores.

Desde la dolarización del año 2000 nunca la mora al interior del Ecuador, en tiempo, en montos y en porcentajes sobre los presupuestos públicos, llegó a los niveles de diciembre del 2015 y de enero del 2016, afectando gravemente a otras entidades del sector público, a gobiernos seccionales, a entidades autónomas, a proveedores de bienes y servicios, trasladándose, el contagio de la morosidad y de la iliquidez a cientos de miles de personas jurídicas y naturales. El Estado no reconoce intereses, los demás tienen que pagar intereses de mora y hasta pueden colapsar por suspensión de pagos. Y no estoy creyendo aquello de que proveedores para cobrar tienen además un costo que no pueden contabilizar.

Contra el discurso de la campaña del 2006 y del 2007, de privilegiar los pagos nacionales y no los que se deben al exterior, desde los últimos meses del 2015, solo estos últimos se atienden puntualmente. Hay una explicación: intentar mejorar el rostro del Ecuador como sujeto de crédito en el exterior y ser tratado en menores condiciones de severidad en la valoración de la deuda ecuatoriana. En diciembre del 2015 el riesgo país en el exterior estuvo alrededor de 1.250 puntos, en la primera semana de febrero del 2016 ha estado por encima de 1.500 puntos, más o menos tres veces el riesgo país promedio de América Latina, exceptuando a Venezuela que se mueve por encima de los 3.600 puntos.

El parche de la tarjeta
“Estás desocupado, usa la tarjeta de crédito”, palabras más/menos fue el mensaje. ¿Qué pasa cuando la tarjeta hay que pagarla?, de no poder hacerlo, el ciudadano caerá en mora y luego en la central de riesgos, lo que le hará perder la posibilidad de acceder a cualquier otro crédito. Ahí posiblemente vendrá la satanización del crédito en la tarjeta, haciendo de cada usuario una víctima de la entidad que reclama el cobro.

Apropiarse de fondos y recursos
El Gobierno lo viene haciendo desde meses atrás. Quizás lo más publicitado fue obtener de la Asamblea Nacional que se le retire del fondo de jubilación del IESS, el aporte obligatorio del Estado, vigente desde décadas atrás, no subsidio, que tiene como antecedente la permanente conducta de los gobiernos –en el actual en forma superlativa– de imponer afiliaciones que socialmente pueden ser explicables, pero que no generan aportes suficientes para cubrir las prestaciones que deben darse a los que se incluyen en la cobertura del sistema de seguridad social. Por eso, por las afiliaciones desfinanciadas, el aporte obligatorio no subsidio que establecía la ley. Se sustituyó la obligación puntual y cuantificable, por una etérea para gobiernos futuros, “si el fondo de jubilación se desfinancia, el Estado cubrirá todo el déficit”. En otras palabras, el mensaje es “nosotros nos quedamos con el dinero, los que vengan después verán qué hacen”.

Se están reliquidando en el IESS los intereses de los fondos de reserva, por supuestos errores desde el 2008. ¿Estará sancionándose a los responsables de que los beneficiarios de los fondos de reserva sufran la merma de su rendimiento?

Al Issfa, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, se le está privando de cerca de 41 millones de dólares, porque cuando el Estado –el año 2010– les tomó sus terrenos de los Samanes en Guayaquil, la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, Dinac, dependiente del Gobierno, hizo un avalúo de más de 48 millones de dólares, precio que se pagó al Issfa, siendo solo 7,3 millones de dólares lo que dicen que debieron pagar por ser ese el avalúo municipal de la época, lo que en su momento pudo impugnarse para definir cuál era realmente el valor de esa tierra.

Los militares en servicio pasivo señalan que entre el precio de adquisición que había pagado el Issfa años atrás para lo que llamaron el Plan de Ordenamiento Urbano Habitacional “Ciudad Satélite José Joaquín de Olmedo” e inversiones en curso, esa tierra de costo tenía ya un valor de alrededor de 25 millones de dólares.

Después de más de cinco años, ¿quiénes deben pagar cualquier perjuicio por el supuesto error?: ¿quienes ordenaron el avalúo de la Dinac, negociaron y realizaron la compraventa? o ¿los militares en servicio activo y en servicio pasivo, que no tuvieran arte ni parte en el avalúo de Dinac ni en la negociación?

Endeudamiento agresivo
Por donde se puede hay endeudamiento y no en las mejores condiciones, cuáles serían los créditos de entidades internacionales, parte para cubrir los huecos y los desfinanciamientos, algunos como los títulos del Banco Central del Ecuador –especie de cuasidinero– que pueden usarse para pagar obligaciones con el sector público, pero no se registra como deuda interna, aun cuando lo es.

Por otro lado, se persiste en obras constructivas con empresas extranjeras, con endeudamiento externo, en afectación al sector constructivo del Ecuador, que en el mejor de los casos queda para ser subcontratistas.

El seguro de desempleo
El sector público que ha llenado los espacios de administración con contratados, que los trasladan de un lado a otro, sin garantía laboral alguna, está despidiendo a miles de aquellos porque no tiene para pagarles sus remuneraciones.

El sector privado, a pesar de que tiene que indemnizar a los que separa –el Estado no lo hace– también está reduciendo sus nóminas de trabajadores, bajo la explicación de la crisis y la iliquidez –a la que aporta el sector público por su mora acumulada–. La situación es dramática.

El Gobierno primero incentivó a los trabajadores para que reaccionen, frente a los empresarios privados. “Los trabajadores privados no tienen por qué pagar la crisis”.

Luego anuncia un seguro de desempleo, adicional a la prestación de cesantía que ya tiene el IESS, que viene siendo financiada por aportes de los empleadores y de los trabajadores activos. El nuevo seguro también sería por el IESS. ¿Quiénes van a financiarlo?, ¿el mismo IESS debilitado en sus rentas por la privación de aportes, no subsidios, del Estado, y por cientos de miles de nuevos afiliados con aportes no suficientemente contributivos para las prestaciones que generan?, ¿será el Estado ya ahogado en las cuentas fiscales? ¿Serán los empleadores privados, agregándoseles así un costo, y los trabajadores activos?

Las soluciones no parches
Sincerar y transparentar la economía, ingresos, endeudamiento, contratos. No solo el Gobierno, sino todos, debemos aportar para no seguir violentando la economía, con riesgo de una implosión incontenible.

¿Se quiere la igualdad en la sobrevivencia, como aquella en que cayeron países socialistas, apenas mitigada por remuneraciones o pensiones mínimas, mientras en el entorno del poder se enriquecieron?, o ¿queremos la elevación de la calidad de vida, con inversiones y empleos? (O)

No solo el Gobierno, sino todos, debemos aportar para no seguir violentando la economía, con riesgo de una implosión incontenible.