Pareciera que se ha formado un consenso entre quienes hacen opinión pública de que la solución a los problemas económicos del Ecuador necesariamente se encuentra en acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener financiamiento inmediato en mejores condiciones. Pero los acuerdos con el FMI suelen posponer la implementación de reformas estructurales, especialmente en casos en que el Gobierno que recibe ese dinero claramente no quiere realizarlas. El riesgo moral ha viciado la relación entre los gobiernos clientes y el FMI. Como ejemplo considere la historia del FMI en Argentina o incluso más recientemente en Grecia.

Los ecuatorianos no necesitan que su gobierno sea rescatado, más bien necesitamos protegernos nosotros mismos de nuestro gobierno exigiéndole que corrija sus errores.

Una adicción no se cura con más droga. Si el gobierno sufre de una adicción al gasto público tan aguda que ha logrado colocar al país con una brecha de financiamiento de cerca de $ 10.000 millones, a pesar de haber recibido una de las mayores bonanzas petroleras en la historia del Ecuador, ¿realmente cree que esta adicción se cura habilitándolo a volver a gastar y endeudarse?

Es una buena práctica, cuando alguien no goza de credibilidad –y este gobierno la está perdiendo cada día más como sujeto de crédito–, exigirle resultados antes de entregarle alguna recompensa o alivio. Es esencial que el enfermo primero reconozca su enfermedad y su voluntad a tratarla. Solo el adicto puede resolver su adicción. Sus familiares y quienes lo rodean lo mejor que pueden hacer es no acolitarle su adicción proveyéndole los medios para que continúe en sus andanzas.

Entonces antes de cualquier discusión acerca de una reestructuración de la deuda con el FMI u otro organismo multilateral, es necesario que el Gobierno demuestre en los hechos un genuino esfuerzo por reducir el gasto público. Esto no derivaría como muchos dicen en una mayor recesión, de hecho hay varios ejemplos de países dolarizados o euroizados que realizaron drásticas reducciones del gasto público y experimentaron como resultado una saludable recuperación, como Panamá y los países bálticos. Sí es cierto que la distorsión acumulada por la fiesta de gasto de este gobierno no hay forma de resolverla sin que existan costos de por medio. La cuestión está en reducir a un mínimo el costo del ajuste y la duración de la recesión. Eso no se logra consiguiéndole un salvavidas a un gobierno que no da señal alguna de querer rectificar.

Sobre el ajuste por el lado del gasto público, se ha dicho que redundaría en una mayor crisis por la subida en la tasa de desempleo. Pero no es cierto que reducir el empleo público equivale a aumentar el desempleo, al menos al mediano y largo plazo. Considere esta explicación del economista argentino José Luis Espert acerca del reciente despido de empleados públicos en Argentina:

“A la sociedad le cuesta entender que un empleado público ‘ñoqui’ o que no tiene nada que hacer no solo es una estafa al contribuyente, sino que es de una ineficiencia extrema porque se le está quitando al sector privado un ingreso que podría asignar con mucho más criterio y eficiencia que el Estado, generando más trabajo y empleo productivo. Es falso que un empleado público menos sea un desempleado más. No hay ningún motivo para pensar que el sector privado no lo contrataría”. (O)