Todos los años, en estas fechas, los colegios privados se encuentran ante un dilema. Tienen alumnos que deben las pensiones, en algunos casos, de más de cinco meses. La ley impide que recurran a lo que antes les daba resultado: recordar a los padres que quienes no están al día en el pago de las pensiones no pueden presentarse a los exámenes. Ciertamente, es algo que ningún educador quisiera hacer, lo hacen porque deben pagar a los profesores, al personal administrativo y de servicio. Deben gastar en mantenimiento de edificio, equipos y laboratorios, deben pagar impuestos, cumplir mensualmente con el pago del Seguro Social, y nada de eso puede esperar.

Es cierto que los estudiantes tienen derecho a que no se les corte su proceso educativo impidiéndoles presentarse a la evaluación final, pero también es verdad que los colegios hacen sus presupuestos y deciden el número de maestros y adecuan sus instalaciones según el número de matriculados. Si les falla el pago que tienen derecho a reclamar, no pueden cumplir sus compromisos.

El año pasado, el ministro de Educación indicó que los estudiantes que se encuentren en estos casos podrían ser recibidos en la educación fiscal. Es una opción que los padres deberían de considerar antes de matricular a su hijo en un colegio que no están seguros de poder pagar, así evitan al estudiante un problema y los colegios podrán planificar y hacer su presupuesto a partir de ingresos seguros. (O)