La histórica desinstitucionalización ecuatoriana durante años generó y ha generado estados emocionales desconcertantes en los ciudadanos, modificando creencias, preconceptos o bases intelectuales a partir de las cuales la ciudadanía analiza o genera sus juicios frente al sistema político, conduciendo incluso a una flexibilidad ideológica que estaría potenciada por la actuación errónea de los operadores del sistema de representación política, en palabras de David Hume: “Las creencias constituyen sistemas dinámicos y su resignificación es constante”, dando paso a los desencantos y hartazgos por la política, y a la espera de liderazgos mesiánicos.

En ese contexto nacen los derrocamientos a presidentes, el fuera todos y una apuesta por constituciones nuevas, como la de 2008, aprobada mayoritariamente como instrumento de justicia social y democratización del Estado ecuatoriano, de la cual surge el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que además de la promoción de la participación y lucha contra la corrupción asume la responsabilidad de nominar a las autoridades de control (anteriormente responsabilidad del Legislativo-castrado en la Constituyente de 2008) e institucionalizar en todos los niveles de Gobierno la participación ciudadana.

Es decir, norma constitucional y dispositivo institucional para modular la relación Gobierno-sociedad civil, como dique a los excesos de la democracia electoral, potenciar la rotación de liderazgos ciudadanos, impulsar nuevas formas de intermediación social y política, mecanismo de construcción de legitimidad permanente y de desplazamiento de los viejos actores corporativos o clientelares.

Sin embargo, en la práctica aparecen contradicciones que han producido un mayor desgaste en las organizaciones territoriales, la diversidad social de capacidades y menor agregación de intereses, el fortalecimiento del clientelismo, una vez que la participación se transforma en un nuevo requisito para acceder a obras, servicios y recursos públicos, inclusive dando paso a la conformación de élites participativas.

Ahora bien, este dispositivo institucional CPCCS, dedicado al diseño de tácticas pedagógicas para burocratizar, tiene como objeto “la participación ciudadana uniforme y disciplinada”, siendo necesario el contener la pluralidad, la heterogeneidad y el disenso, que con prácticas mecanizadas por una parte han reducido a la formalidad el control ciudadano y han determinado a los “aptos” y no aptos para participar y/o dirigir las instituciones meritocráticas, que para coincidencia en su mayoría han sido partidarios o funcionarios del gobierno de turno, deslegitimando sus procedimientos y existencia misma.

Frente a esta realidad dada, es urgente un golpe de ariete constitucional que regrese la capacidad nominadora a la Asamblea Nacional, y que haga del CPCCS una institución preocupada por el aprendizaje dialógico (diálogo igualitario), y en el ámbito de la participación: 1) exigir a los gobernantes condiciones institucionales presupuestarias y técnicas, 2) transformar la cultura burocrática, pues hasta el momento se piensa la participación como una carga adicional de trabajo, 3) promoción del empoderamiento ciudadano, 4) fortalecer y transformar la cultura política ecuatoriana; finalmente, la lucha y combate incansables frente a la corrupción y la calidad y eficiencia del gasto público. (O)

Sociólogo. Máster en gobernabilidad y gerencia política.