Bien sea ante la reducida concurrencia que lo escuchaba en el marco de la Asamblea General de la ONU, bien sea ante los centenares de participantes e invitados que lo vitoreaban en el Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP) celebrado hace pocos día en Quito, el presidente Correa ha insistido en las bondades de los discutidos proyectos de reforma a las leyes de herencia y de plusvalía, habiendo incluso señalado que se trataban de las cosas más coherentes propuestas en su régimen. La posición del mandatario sumada a la de los otros colaboradores, especialmente la de Pabel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo y encargado de los llamados ‘Diálogos por la equidad y la justicia’, dan indicios claros de que el Gobierno insistirá, tarde o temprano, con las consabidas propuestas más allá del costo político que ellas pudiesen originar.

En ese punto, resulta sencillo entrever la percepción real del régimen respecto de las protestas ciudadanas surgidas a raíz del anuncio de las reformas, protestas que según Pabel Muñoz, se han desinflado en virtud de que la gente común finalmente se ha dado cuenta, de acuerdo con la versión oficial, de que fue solamente un momento político “aprovechado por los sectores de oposición para generar desinformación y conjuro de mentiras”. En otras palabras, el Gobierno considera que la reacción contraria a las reformas legales se ha disipado sea por el paso del tiempo, sea porque hay otras cuestiones más apremiantes que preocupan a la ciudadanía, o sea –como lo anuncian candorosamente los funcionarios del Gobierno– debido a que la gente finalmente se convenció de las maravillas de tales reformas.

Por supuesto, en esa lectura resulta también claro percibir el enojo absoluto por parte del régimen hacia quienes de forma detallada, técnica y prolija denunciaron la total desmesura de los proyectos de reforma. Es decir que todos aquellos que pensaron, opinaron o se manifestaron en contra de las reformas eran simplemente ignorantes/mentirosos/desinformados/oportunistas que no podían o no querían apreciar y rendirse extasiados ante la excelencia de las piezas legales propuestas. Aún más, el mismo secretario nacional de Planificación y Desarrollo ha reiterado que no hay razón para objetar las reformas, ya que nunca afectarían a las clases media y popular, como si acaso una norma legal tuviese necesariamente que afectar a un determinado segmento socioeconómico para poder ser calificada de estrafalaria e incoherente.

Como señalaba anteriormente, resulta muy difícil determinar si una nueva presentación de las reformas legales a las leyes de herencias y de plusvalía generará la misma protesta colectiva de hace algunos meses. Quizás todo se reduzca a lo que la acuciosa presidenta de la Asamblea señaló hace algunos días, cuando al referirse sobre el tema dijo que la “temporalidad” devolverá a la ciudadanía la confianza y la credibilidad frente a las normas propuestas. La “temporalidad” ha sido todo. Gracias por recordárnoslo. (O)