El país atraviesa el momento más crítico en nueve años de gobierno de la Revolución Ciudadana. A la tensión política y social generada por las multitudinarias protestas por las reformas a las leyes de herencia y plusvalía, así como el reciente paro indígena se suma el rápido deterioro de la situación económica. La apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo y las materias primas, en general, la dificultad de obtener créditos internacionales para financiar el déficit fiscal y de balanza de pagos configuran un escenario inédito.

Y si se agregan las catástrofes naturales: la erupción del Cotopaxi y la amenaza del fenómeno de El Niño, se vislumbra lo que muchos llaman la tormenta perfecta.

La cuestión clave es cómo una economía dependiente del petróleo va a poder ajustarse ante el shock externo, sin tener posibilidad de devaluar la moneda al estar dolarizada. No hay una respuesta fácil ante semejante dilema.

Observadores internacionales estiman que con el nuevo escenario del precio del crudo, Ecuador requerirá ajustar el gasto público entre 8 y 10,5 por ciento del PIB, es decir, entre 8.000 y 10.500 millones de dólares, para restablecer su sostenibilidad fiscal en 2016.

Mientras tanto, surge la duda sobre cómo podrá continuar invirtiendo 20.000 millones de dólares en los próximos dos años, en los proyectos de infraestructura emblemáticos que están en ejecución.

Analizaremos algunas pistas.

El Gobierno prepara el escenario para aumentar la deuda pública, en la medida que consiga fuentes de financiamiento convenientes, acaso con los organismos multilaterales, incluido el FMI; con el riesgo país superando los 1.000 puntos es la opción más ventajosa. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas ha procedido a cambiar su nomenclatura creando el concepto de “deuda consolidada”, mediante la cual se excluye la mayor parte de la deuda interna, de modo que el nivel de endeudamiento de 32,6 por ciento del PIB se reduce a 21,4, ampliando el margen del tope legal de 40 por ciento.

La Senplades anuncia un estudio para “optimizar” el funcionamiento de una treintena de ministerios y secretarías de Estado, así como empresas públicas considerando la posibilidad de fusiones; por razones semánticas se evita la palabra “recorte” por sonar demasiado neoliberal.

Y bajo el concepto de reemplazar inversión por deuda, el Ministerio Coordinador de la Producción promueve un proyecto de ley de Alianzas Público Privadas (APP) para otorgar a empresas nacionales o extranjeras generosos beneficios tributarios para desarrollar proyectos de interés público, que de otro modo no podrán cumplirse.

La grave crisis obliga al régimen a hacerle un nuevo guiño al sector empresarial, que por su lado clama por una pausa normativa, esto es, dejar atrás los pujos de reinvención del país.

La situación obliga a priorizar el tema económico por encima del proyecto político cuyo hilo conductor es la reelección presidencial indefinida.

De tal modo, el oficialismo debe reconsiderar su empeño que no hará sino añadir mayor convulsión e inestabilidad. Sería lo más sensato previendo que, por las secuelas económicas, el capital político del presidente Correa sufrirá un inevitable desgaste con miras a 2017. (O)